En momentos cuando la situación fiscal presiona al Gobierno para hacer mayores recortes de gastos, incluyendo fusionar agencias, el Senado tiene otra vez bajo la mirilla un plan de consolidaciones de colecturías del Departamento de Hacienda, propuesto desde administraciones pasadas.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, José Rafael Nadal Power, confirmó a este diario que en medio de la vista pública que se llevaráa cabo hoy jueves, para atender la medida que pretende crear la Oficina del Administrador de Rentas Internas, se tratará el asunto de las consolidaciones de colecturías.

Más aun, Nadal Power, manifestó que no se descarta introducir enmiendas al proyecto de la Cámara 2415, para añadir un plan que fusionescolecturías. Como parte de los pasos que se están dando en la Legislatura para reestructurara Hacienda, se busca dotar a la Oficina del Administrador de Rentas Internas de recursos humanos y tecnológicos para mejorar la fiscalización y aumentar los recaudos del fisco. La medida facilita que se le transfiera a dicha Oficina el Área de Rentas Internas y sus componentes operacionales; pero no contiene lenguaje para las consolidaciones de colecturías.

En enero de 2013, el portavoz de la mayoría en el Senado, Aníbal José Torres Torres, presentó la Resolución del Senado 59, para investigar el funcionamiento de las colecturías.

Allí, Torres Torres, apuntó que ‘el Departamento de Hacienda cuenta con ochenta y nueve (89) Colecturías de Rentas Internas a lo largo de la Isla… Por sus funciones, estas dependencias son un importante brazo económico del Gobierno. Sin embargo, se han identificado problemas en varias de las colecturías, tales como largas filas para recibir servicios, instalaciones inadecuadas, demoras en atender personas con impedimentos o de edad avanzada, y problemas con los sistemas mecanizados de información. Algunos de estos problemas vienen como consecuencia del despido de trabajadores de la agencia, luego de aprobada la Ley 7-2009 de Emergencia Fiscal. Además, se han cerrado varias , dejando desprovistos de servicios a muchos ciudadanos. Estos problemas han afectado considerablemente el curso normal de los servicios a la ciudadanía por la interrupción de los mismos’.

‘Lo antes expuesto, además de afectar adversamente a los ciudadanos, limita la capacidad del Gobierno de obtener rentas de manera efectiva, afectando la capacidad de recaudos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’, agregó Torres Torres.

Desde el 2013 esta resolución se encuentra detenida en la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica del Senado, presidida por el senador Ángel Rosa. Al momento se esperaba por una entrevista con el legislador.

Abordado sobre la Resolución presentada por Torres Torres, Nadal Power, puntualizó que ‘aprovecharemos y abordaremos el tema ahora. Ya el 90%-95% de las transacciones que se hacen en una colecturía se pueden hacer en los bancos y cooperativas, y ciertamente debe haber espacio para consolidaciones y maximizar recursos para servicio y fiscalización del IVU’.

Por otra parte, se constató que en el anterior cuatrienio se presentaron medidas para investigar el impacto que tendrían las consolidaciones de colecturías. La exsenadora Sila González Calderón presentó la Resolución del Senado 1090; y el actual presidente cameral, Jaime R. Perelló, junto con el representante Luis Vega Ramos radicaron la Resolución de la Cámara 816. Sin embargo, las Comisiones de Asuntos Internos de Cámara y Senado no recomendaron su aprobación.

No obstante, en el memorial explicativo para el presupuesto recomendado del año fiscal 2014-2015, la entonces secretaria del Departamento de Hacienda y actual presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, afirmó que la agencia estaba ‘considerando varias alternativas dirigidas a la reducción de gastos de arrendamiento de locales y pago de utilidades, mediante la consolidación de servicios y funciones, entre estas la consolidación de colecturías’.

Hay fuentes que alegan que de materializarse las consolidaciones, el Gobierno obtendría más ahorros que con el plan para fusionar las procuradurías.

‘Con el cierre de 70 de las 87 colecturías y el traspaso de esos empleados de Hacienda a funciones de fiscalización y recaudación IVU, la agencia podría lograr ahorros de aproximadamente $25 millones o una reducción de 15% de su presupuesto. Además, al reasignar una porción de estos empleados de estas 70 colecturías a labores de cobro del IVU o funciones similares, la capacidad de aumentar ingresos en estas áreas se multiplica, con ingresos aproximados de $450 millones’, precisó una fuente.

La fuente observó que ya Acosta había endosado dicha estrategia porque cuesta más mantener las colecturías que lo que producen en ingresos para el erario.

Además, la exposición de motivos del P. de la C. 2415 resalta que ‘para el año 2014, el Área de Rentas Internas (ARI), tuvo un total de 2,210 empleados, donde 1,588 fueron permanentes, 609 contratados y 13 temporeros. Por lo que un 30% del total de trabajadores no son personal interno. Altos niveles de personal contratado conduce a un aumento en los costos de formación, sobre todo en las grandes transformaciones organizacionales y una pérdida de conocimiento retenido y habilidades para la tecnología y los procesos’.

De acuerdo a una presentación del contador publico autorizado, José Oyola, en el estudio encomendado a la firma de consultores KPMG se desprende que ‘habían 237 empleados en el Área de Rentas Internas, y más de 30% de su personal tenía poca experiencia en auditoría contributiva. El 44% del personal está clasificado en la posición de menor salario (auditor 1). El Área de Rentas Internas perdió 81 empleados con experiencia debido a la Ley 70 (Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento)’.

Oyola, quien es un exfuncionario de la Oficina de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), expuso que el Departamento de Hacienda ha incurrido en la subcontratación de empleados a través de las agencias de empleo, Caribbean Temporary Services y Kelly Services, para realizar trabajos de oficina.

En los registros de la Oficina del Contralor se evidencia que el Departamento de Hacienda todavía mantiene un contrato por casi $5 millones con Caribbean Temporary Services.