El exvicepresidente de la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, junto al representante, Ricardo Llerandi Cruz, pidió hoy una investigación con carácter de urgencia a la Oficina de Ética Gubernamental en todo lo relacionado al reciente viaje del gobernador, Alejandro García Padilla a la Capital Federal, Washington DC.

Ambos legisladores resaltaron la importancia que el pueblo de Puerto Rico conozca los detalles de este desembolso de dinero público, especialmente sobre el total de gastos del viaje, personal y asesores que acompañaron al Gobernador y si hay algún conflicto de interés al utilizar el viaje para realizar una actividad de recaudo de fondos políticos.

La pasada semana, el gobernador Alejandro García Padilla viajó a Washington DC. a los fines de reunirse con congresistas de la minoría demócrata y mayoría republicana, así como con funcionarios de la rama ejecutiva, en torno a la reducción de fondos federales que nutren al programa de Medicare Advantage en Puerto Rico. Además, durante este viaje oficial, el exsenador popular y cabildero Roberto Prats confirmó en un periódico de circulación general, que el Gobernador Alejandro García Padilla participó de un evento de recaudación de fondos para su campaña a la reelección.

‘En momentos en que Puerto Rico está pasando por la más seria y profunda crisis fiscal en su historia y que el Gobierno se ha visto forzado a realizar profundos recortes presupuestarios en sus tres ramas de gobierno, es altamente preocupante que el Gobernador utilice un viaje pago con fondos públicos para promover su candidatura para la reelección. Como es sabido, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone en su Artículo VI, Sección 9, que ‘[s]ólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley.’, puntualizó Rodríguez Aguiló.

El Artículo 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, mejor conocida como ‘Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011’, dispone que:

(k). Un servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, dirigir o fomentar actividades que, directa o indirectamente, promuevan los intereses electorales de cualquier partido o candidato político.

(l ). Un servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, contribuir económicamente o emplear de su tiempo para realizar o participar en una actividad política.

(m). Un servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, exigir o solicitar a los demás servidores públicos, que hagan contribuciones económicas o que empleen de su tiempo para realizar o participar en una actividad política.

En adición, el representante Rodríguez Aguiló explicó que ‘mientras se encontraba en funciones oficiales de trabajo, el Gobernador no sólo fomentó, sino que realizó y participó de una actividad política para su beneficio personal. Desde que se anunció dicha actividad político-partidista, ningún funcionario de la administración de Alejandro García Padilla, ni de su Comité de Campaña, han informado al pueblo de Puerto Rico quienes acompañaron al Gobernador en dicho viaje, cuanto fue el costo de alojamiento, de transportación terrestre y aérea del Gobernador y de cada uno de los acompañantes; así de quien sufrago el costo del viaje del Gobernador y de sus acompañantes.’

Por su parte, Llerandi puntualizó que, ‘Es imperativo la transparencia en la función pública. Este viaje del Gobernador fue un ejercicio en contra de esa pulcritud. La semana pasada solicitamos que La Fortaleza nos proveyera todos los datos relacionados al viaje, incluyendo los dineros públicos que se invirtieron en ir a buscar fondos para la campaña proselitista del 2016. Al día de hoy, la Mansión Ejecutiva ha guardado silencio. No descartamos acudir a los tribunales para que nos den la información requerida’, señaló Llerandi Cruz, quien representa los municipios de Arecibo y Hatillo.

‘Sólo el hecho que el Gobernador haya utilizado fondos públicos para costear la transportación aérea y terrestre, como su estadía de hotel, puede estar en efecto violento clara y patentemente lo dispuesto en nuestra Constitución y en la Ley Núm. 1-2012. Más aun, como Primer Mandatario de Puerto Rico, el Gobernador tiene un deber constitucional y moral en darle la confianza al pueblo de que los fondos públicos solo se utilizan para fines públicos y de que nunca son utilizados por razones personales o de índole político partidista.’, concluyó Rodríguez Aguiló.