La jueza Elizabeth Linares, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, pidió que la Rama Judicial inicie una investigación sobre la gestión de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) en los procesos de evaluación de los jueces y juezas, así como si algún empleado está filtrando información confidencial, como sucedió en el caso del juez Jose Ramírez Lluch, quien se suicidó el pasado miercoles.

El reclamo de la jueza surge luego de recibir múltiples comentarios de sus colegas, quienes le han expresado suspicacia de que se fuera a publicar en la prensa alguna queja sin que siquiera culminara el proceso investigativo o se radicara una querella formal contra Ramírez Lluch. Esto forma parte de una supuesta campaña de terror a la que se tiene sometida a la judicatura, según fuentes, pese a que los reglamentos garantizan la confidencialidad del proceso hasta tanto no se halla causa probable o culmine la investigación.

Linares contó que ha habido un profundo dolor con la forma en que se manejó la información por parte de la OAT, debido a que en ningún momento se especificó que la queja no había sido investigada, aunque excusó que quizás se debió a la ausencia de un marco de referencia sobre cómo manejar este tipo de información tras un suicidio.

‘Para los acusados de delito existe la presunción de inocencia. Entonces, los jueces por ser jueces tienen menos derecho? Se están dando medidas sin que haya el debido proceso de ley. Es apresurado y violenta el derecho de los jueces’, denunció Linares.

El dolor por la muerte de Ramírez Lluch hasobrecogido a los togados de tal forma que, en su caso, le ha dado hasta una parálisis facial, indicó. ‘Me ha afectado mucho porque lo veo como consecuencia de la presión que se ejerce sobre los jueces… Los jueces son esa muralla de contención tratando de detener esas presiones que vienen de todas partes y por otro lado, tratando de tomar una decisión sin que le afecten esas presiones’, ilustró.

Tras las enmiendas al reglamento y la implantación de cajas para que la gente presente sus quejas en los tribunales, han aumentado drásticamente a sobre 150 querellas contra jueces, de las cuales muchas se caen por carecer de fundamentos o resultar ‘fraudulentas’.