Más de 180,000 personas en Puerto Rico podrían verse afectadas si el Congreso de Estados Unidos no actúa para evitar un recorte de 19% en los beneficios de discapacidad.

A diciembre de 2014, la población de personas que recibían los beneficios de discapacidad en la Isla incluía a unos 179,266 trabajadores. A esto se suman los dependientes (entre ellos cónyuges y niños) que reciben dichos beneficios.

En comparación a otros estados, en Puerto Rico hay más trabajadores discapacitados que en Misisipi, Hawaii, U.S. Virgin Islands, American Samoa, Northern Mariana Islands, Utah, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming, Rhode Island, Oklahoma, South Dakota, Guam, North Dakota, New Mexico, New Hampshire, Idaho, Kansas, Louisiana, Maine, Maryland, Minnesota, Montana, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Arizona, Alaska y Nevada.

El miércoles se dio a conocer un informe en el que los fideicomisarios alertaron que las reservas del Fondo Fiduciario del Seguro de Discapacidad se agotarían para el 2016.

De acuerdo al reporte ‘Social Security Disability Insurance: A Lifeline for American Workers and Families’, el déficit de dicho Fondo se debe al incremento en la cantidad de beneficiarios debido a cambios demográficos como el envejecimiento en la población y a un mayor número de mujeres en la fuerza laboral que aportan y cualifican para recibir los beneficios.

De inmediato, la directora ejecutiva de AARP, Jo Ann Jenkins, urgió a los candidatos presidenciales a que presenten su plan para asegurar la solvencia y adecuación a largo plazo del Seguro Social. Además, planteó que si no se hace nada en el 2034 el recorte de beneficios será de un 35%.

El director de Relaciones Públicas de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico e Islas Vírgenes, Víctor Rodríguez, precisó a este diario digital que a junio de 2015 en el país había un total de 226,834 beneficiarios por incapacidad. Dentro de estos 226,834 beneficiarios, están los 178,456 trabajadores que cualificaron para recibir los beneficios debido a su récord de Seguro Social y sus 48,378 dependientes (cónyuges o hijos).

Esto implica que entre diciembre de 2014 a junio de 2015, hubo una reducción de 810 trabajadores incapacitados.

De otro lado, Rodríguez, sentenció que no podían ‘opinar o establecer la relación entre como los casos de fraude en Puerto Rico (y también ocurridos en Estados Unidos) han afectado las finanzas de SS (Seguro Social).