El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor, el representante Jorge Navarro Suárez, presentó el lunes una resolución conjunta que ordena a la Autoridad de Energía Electrica (AEE) a dejar sin efecto la Resolución 3655 de 22 de septiembre de 2009, con efecto retroactivo al 1 de enero de 2015.

Según el representante, con la aprobación de su medida quedaría eliminado ‘el desmedido e irrazonable aumento en pensión de $5,594 mensual a $9,361, del ahora ex director ejecutivo de la AEE, Ingeniero Juan Alicea, por meramente haber trabajado dos años adicionales para la corporación pública’.

‘Con la aprobación de nuestro proyecto eliminados los nefastos efectos de un acto irresponsable por parte de un gobierno que para sus amigos del alma otorgan pensiones y salarios privilegiados, mientras al pueblo le exprimen el bolsillo con decenas de nuevos impuestos y aumentos en las tarifas de servicios esenciales’, expresó.

Navarro Suárez añadió que ‘el aumento de más de $45,000 anual de pensión por meramente haber trabajado dos años adicionales para la Autoridad es desmedido e inmoral, particularmente cuando consideramos la crisis económica y fiscal por la que atraviesa el País y la Autoridad de Energía Eléctrica’.

El legislador fustigó a la Junta de Gobierno de la AEE por no haber derogado la Resolución 3655 y hacer la misma extensiva a la resolución de contratación de Juan Alicea.

‘Con anterioridad a la recontratación o reintegración de Juan Alicea a la AEE, su Junta de Gobierno tuvo plena oportunidad de derogar la Resolución 3655. Sin embargo, no lo hizo. Dicha actuación constituyó un acto irresponsable y contrario a no sólo los mejores intereses de los abonados de la corporación pública, sino contrario a la alegada política pública de austeridad de la presente administración’, puntualizó.

El político precisó que su proyecto establece que todo beneficio de retiro agradando que, posterior al 1 de enero de 2015, haya sido otorgado por la AEE conforme la Resolución 3655, será eliminado y sustituido por beneficios que se ajusten a los beneficios ordinarios de retiro que tienen derecho a recibir los empleados o funcionarios de la corporación pública.