La carta en la cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos le informa al Gobernador que varias agencias locales que administran fondos federales de esta agencia han sido clasificadas como de alto riesgo ha generado una oleada de críticas públicas a la vez que algunas agencias se defendieron de los señalamientos.

El Departamento de Justicia federal notificó mediante carta al gobernador Alejandro García Padilla así como a varios jefes de agencia que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus unidades fueron clasificados como concesionarios de fondos federales de alto riesgo.

La notificación implica, entre otras cosas, que el Departamento de Justicia de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), la Procuraduría de las Mujeres (OPM), la Universidad de Puerto Rico (UPR) recintos de Río Piedras y Carolina; así como la Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), no podrán acceder a las asignaciones de Justicia federal hasta que no cumplan con ciertos requisitos.

La OCAM se expresó sorprendida por la noticia debido a que en marzo había recibido una carta en donde se le notificó que no se había encontrado ninguna irregularidad en sus programas y se les felicitó por el progreso en programas para ayudar a jóvenes y niños.

De igual modo, la procuradora de la Mujer,Wanda Vázquez, sostuvo que los fondos que recibe la OPMrelacionados al servicio directo a las víctimas llamados ‘STOP VAW’ y que fueron incluidos en esa comunicación, no vienen a través del Departamento de Justicia localsino que en esos fondos la OPM es la recipiente principal o ‘grantee’.

‘La OPM nunca ha tenido ningún señalamiento o hallazgo, al contrario nuestrorécord demuestra una administración de excelencia. Los únicos fondos que la OPM recibe como sub-recipiente o beneficiario del Departamento de Justicia de P.R. son los fondos ‘Victims Of Crime (V.O.C.A)’ que representan menos del 1% de nuestro presupuesto pero de los que se subvencionan varios empleos. En la utilización de esos fondos OPM tampoco ha tenido señalamiento o hallazgos pero al ser congelados al DJ de PR también nos veremos afectados’, indicó.

Cónsono con lo anterior, la OPM se comunicó directamente con el ‘Office Against Women (VAM)’ y con Justiciafederal para solicitar el relevo de la agencia y de los fondos de ‘STOP VAW’ de esa determinación por los mismos no recibirse a través del Departamento de Justicia de Puerto Rico y por la agencia no tener ningún señalamiento o hallazgo en el manejo de los mismos.

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, dijo hoy que el Ejecutivo solicitó detalles al Departamento de Justicia federal por la congelación de los fondos.

Ortiz indicó en declaraciones a medios locales que el Ejecutivo recibió a través de un correo electrónico la decisión de las autoridades de EE.UU., aunque sin notificarse el motivo concreto de la medida.

El funcionario señaló que le fue notificado por parte del Ejecutivo de San Juan a las autoridades federales que el procedimiento no fue el adecuado, además de matizar que la información recibida sobre los fondos congelados no fue clara. Por ello, indicó que se ha solicitado más información de los motivos y detalles adicionales sobre las auditorías realizadas por las autoridades federales.

Mientras, el secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, mostró sorpresa por una decisión de las autoridades federales que afecta a su agencia, aunque dijo sentirse optimista sobre la resolución favorable al asunto.

El presidente del Senado, EduardoBhatia, dijo que la Cámara Alta tiene que ver la lista y ponerse a la mejor disposición para lograr el cumplimiento de estas agencias del país. ‘Puerto Rico tiene que desarrollar credibilidad y para poder desarrollar credibilidad tiene que cumplir’, sostuvo.

Mientras, el presidente de la Comisión Senatorial de Hacienda, José NadalPower, destacó que se han estado perdiendo fondos federales que la isla pudo haber usado por la falta rigurosidad en su manejo. A modo de ejemplo, dijo que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) perdió unos$ 4,700 millones que se pudieron haber usado en inversión en infraestructura para que la economía crezca. ‘Tenemos que hacer las reformas que hay que hacer,’ sostuvo al destacar que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) fue sacada de esa categoría luego de 15 años.

Por otro lado, el comisionado residente PedroPierluisidijo que espreocupanteporque entonces hay que cumplir porque si no se cortan los fondos que con problemas de liquidez ‘sería altamente negativo’.

Carta OPM a AGP – NotiCel_14452