Los señalamientos que trascendieron este mes sobre el ‘modo autoritario y represivo’ en que se han conducido los procesos en la Junta de Síndicos de la Universidad Carlos Albizu (UCA) no son extraños a la comunidad universitaria, que ya había estado inmersa en una controversia legal por el modo ilegal en que se despidió a la expresidenta, Ileana Rodríguez García.

La jueza Iris Cancio González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró en mayo de este año que la Junta de Síndicos de la UCA incumplió su contrato con la doctora Rodríguez García, por lo que le ordenó a la Universidad a pagar $398,000 por los 20 meses en que dejó de recibir compensación, más $59,000 por los honorarios de abogados.

Rodríguez García demandó a la Junta de Síndicos luego de que la despidieran con dos años de anticipación al vencimiento del contrato.

El contrato establecía que comenzaría funciones en diciembre de 2010 hasta septiembre de 2013, y que luego, habría una extensión automática hasta septiembre de 2015. Sin embargo, el presidente nuevo (en ese entonces), doctor Jaime Pla, le notificó en junio de 2013 que ‘la Universidad estaba ejerciendo su derecho de no renovar automáticamente el término de su contrato’, sino mes a mes. Tres meses después, le indicó que los síndicos tomaron la decisión de no renovar el contrato, pese a que el documento establecía claramente que Rodríguez García ocuparía el cargo hasta septiembre de 2015.

La Junta enfrenta también señalamientos por el incumplimiento y gasto excesivo de dinero por los trabajos de remodelación del edificio 205 en la calle Luna del Viejo San Juan, que se compró en 2011 y que cuatro años después aún no se ha concluido, pese a que la firma de arquitectos Gutiérrez-Latimer CSP cobró en anticipación. La selección de esta firma fue investigada internamente por el CPA, Rafael Martínez Margarida, por comisión del actual presidente de UCA, Ángel Collado Schwarz, quien pretendía indagar sobre los costos duplicados, el atraso en la fecha de entrega, la cancelación del contrato por incumplimiento y los desembolsos pre pagados.

El expresidente de la Junta, Salvador Calaf, presentó su renuncia el lunes, 17 de agosto, junto a los síndicos Federico Hernández Denton, exjuez presidente del Tribunal Supremo, y Rafael Aragunde, exsecretario del Departamento de Educación, quienes condenaron el ‘modo autoritario y represivo’ en que ha operado ese cuerpo, por supuestamente, retrasar la aprobación del presupuesto del año entrante como represalia contra Collado Schwarz, por haber comisionado la investigación.

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