El gobierno de Puerto Rico planifica extender la notoria Ley 66, ‘Ley Especial de Sostenibildad Fiscal y Operacional’, hasta el 2025 como parte del plan de ajuste fiscal, lo cual generará protestas y oposición, advirtieron algunos líderes sindicales.

Un borrador del plan obtenido por NotiCel prevé congelar las transferencias basadas en fórmulas presupuestarias como las de los municipios; congelar los costos laborales, ampliar la congelación de las contrataciones; consolidar o cerrar las escuelas y reducir el número de maestros.

Pedro Irene Maymí, de la Central Puertorriquena de Trabajadores, dijo que si el plan hace eso, los sindicatos van a movilizarse en contra del gobierno. Dijo que unos 1,100 trabajadores votaron contra el plan en una reunión en el fin de semana.

‘Nosotros decimos que el gobierno no puede sacar al país de la crisis haciendo que los trabajadores se sacrifiquen como ya lo han hecho con la Ley 66’, dijo. ‘No podemos seguir llevando la carga por más tiempo.’

Señaló que otro informe, el realizado por KPMG, afirma que las corporaciones deben de pagar más impuestos pero que el gobierno rehusa imponerles cargas.

De otro lado, la unión Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME indicó que su sindicato no ha participado ni colaborado con el plan fiscal a cargo del Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico.

‘Nuestra organización no ha participado en ningún momento de este Comité de Trabajo ni de su plan. La impresión que Fortaleza ha dado al respecto es equivocada. SPU al igual que otras organizaciones hermanas hemos sido excluidos de ese proceso. Eso no quita que nosotros como representantes de los trabajadores nos hemos mantenido firmes en ofrecer públicamente recomendaciones ante la crisis fiscal y económica que enfrentamos como país. El sábado pasado realizamos una multi-asamblea sindical donde aprobamos una resolución, un plan de acción y discutimos recomendaciones públicamente que van desde enmendar las leyes de incentivos contributivos hasta fortalecer a Hacienda para lograr una mayor captación del impuesto sobre ventas y uso’, explicó la presidenta de la SPU, Annette González.

Luego de la aprobación de la Ley 66, las agencias del gobierno de Puerto Rico cortaron beneficios a empleados públicos establecidos en los convenios colectivos y renegociaron las condiciones de los contratos existentes con los proveedores.

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Documento del borrador Plan de Cinco Años – NotiCel_14594