De aprobarse un aumento en la factura de los clientes de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), sería por menos de ocho centavos según estimados. Sin embargo, se sabrá más tarde este mes cuando se espera culminar las negociaciones con las aseguradoras y los bancos a los cuales la corporación pública les debe dinero.

Así lo explicó la principal oficial de reestructuración, Lisa Donahue, quien describió las negociaciones con el Grupo Ad-Hoc que tiene gran parte de la deuda de la AEE, como ‘sumamente complicadas y continúan siendo complicadas’.

La Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) tomará la decisión final en cuanto al aumento en la tarifa y la AEE está preparando una estructura tarifaria para someterla a la entidad.

Actualmente, los consumidores pagan unos 20 centavos el kilovatio hora. Donahue dijo que con los ahorros ya generados y los acuerdos, ese aumento será de menos de los ocho centavos estimados originalmente en un plan de negocios a cinco años hecho público en junio. Sin embargo, si se suma el aumento al precio actual por kilovatio hora, representaría un aumento de 40%.

El 24 de agosto, la AEE sometió comentarios por escrito a la CEPR sugiriendo enmiendas al Reglamento. Tras un análisis, el organismo determinó que las enmiendas sugeridas carecen de mérito y son inconsistentes con el propósito del Reglamento y el deber fundamental de de asegurar que las tarifas sean justas y razonables, por lo que emitió una orden de rechazo.

Según la Comisión, la Autoridad prácticamente sugirió eliminar todos los requerimientos de información establecidos en el Reglamento, pese a que son solicitudes que las comisiones reguladoras suelen hacer en procedimientos similares en otras jurisdicciones. Bajo la Ley 57, la CEPR tiene obligaciones ante los bonistas y los clientes del servicio eléctrico que no entran en conflitcto porque la eficiencia en la operación reflejada en tarifas justas y razonables basadas en gastos prudentes es la meta común de ambos grupos.

Donahue negó información dada por el licenciado Carlos Gallisá, uno de los representantes de la Junta de Gobierno, de que se hubiera llegado a un acuerdo con los bancos o con una de las aseguradoras. No obstante, se espera completar la negociación con esos grupos para el 18 de septiembre, cuando se vence el acuerdo de indulgencia. National Public Finance Guarantee Corporation., una de las aseguradoras, rehusa extender el acuerdo de indulgencia pero Donahue no quiso decir por qué se opusieron.

La funcionaria, cuyo contrato de empleo vence en noviembre, confirmó información publicada por NotiCel de que habrá una tarifa dentro de la factura para pagar la deuda.

‘Lo que pasa es que cuando te llegue la factura, verás un desglose en la factura. Una línea que indica la tarifa básica, una indica lo se paga en combustible, una en el CILT (contribución en lugar de impuestos), subsidios y la titularización’, dijo al referirse a la propuesta de titularización de los bonos.

Donahue destacó que el acuerdo con el Grupo Ad-Hoc es bueno para Puerto Rico. ‘Tendremos sobre $400 millones en ahorros, más liquidez y flexibilidad por los próximos cinco años porque no habrá pagos, y el interés que obtuvimos es uno sumamente atractivo que será por los próximos 30 años….Todo eso suma a flexibilidad financiera’, sostuvo.

Un borrador del plan de ajuste fiscal a cinco años que el gobierno debe completar para el 8 de septiembre establece que, además de completar el plan de reestructuración, abrirá la generación de energía a la libre competencia. Sobre esto,Donahue dijo que tendría que mirar esa opción para ver si es buena para la AEE, pero a ella no se le había informado nada.

A preguntas sobre el futuro de las mejoras a la infraestructura de la AEE a la luz del acuerdo, Donahue se limitó a decir que exploran alternativas como las alianzas público privadas y el posible uso de operadores privados o el financiamiento interno para llevar a cabo las mismas.

Entre los términos negociados con el grupo de bonistas es que intercambiarán todos sus bonos de rentas por nuevos bonos titularizados (securitization notes) que deberán obtener calificación crediticia de grado de inversión y representarán el 85% del valor de los títulos que intercambian.

Los bonistas tendrán la opción de recibir bonos de titularización (securitization bonds) que pagarán un interés en efectivo a una tasa de entre 4.0% y 4.75%, dependiendo de la calificación que reciban (‘Bonos opción A’) o bonos de titularización convertibles (convertible capital appreciation securitization bonds) que capitalizarán intereses durante los primeros cinco años a una tasa de entre 4.5% y 5.5%, y pagarán intereses corrientes no capitalizables y en efectivo a partir del quinto año (‘Bonos opción B’).

Los bonos opción A pagarán únicamente intereses durante los primeros cinco años, y los bonos opción B capitalizarán intereses pero no recibirán pagos de intereses en efectivo durante los primeros cinco años. Todos los bonistas no asegurados tendrán la misma oportunidad de participar en el canje.

El grupo Ad-Hoc de tenedores respaldará, conforme a términos que serán acordados de buena fe, un financiamiento que le permitiría a la AEE adquirir en efectivo los bonos que poseen los acreedores que no suscribieron los acuerdos de indulgencia.

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