El Plan de Ajuste Fiscal revelado esta semana por la Administración García Padilla tiene un componente de alternativas de acción del gobierno federal que resulta alineado con algunas de las alternativas que el Servicio de Investigación Congresional (CRS, por sus siglas en ingles) había ofrecido al Congreso el mes pasado en un informe. Sin embargo, en otros renglones hay diferencia

Aunque el autor del informe, el analista de política económica, D. Andrew Austin, admite que la administración de Barack Obama no contempla otorgar un rescate federal a la isla caribeña, este explicó como el Congreso podría dar apoyo crediticio al país o enmendar la Ley de Quiebra Federal o establecer estrategias que propicien un desarrollo económico a largo plazo.

En el tema del apoyo crediticio, el CRS, recordó que entre el 1994-1995 el gobierno estadounidense le proporcionó garantías de crédito al gobierno mexicano, tras la crisis suscitada luego de la devaluación de su moneda. Asimismo, destacaron que a través de la Corporación Financiera de Reconstrucción (RFC., por sus siglas en inglés), el gobierno norteamericano dio apoyo crediticio indirecto a varias agencias estatales. Por ejemplo, en el 1941 la RFC recompró $136 millones en deuda emitida por el estado de Arkansas.

De otro lado, indicó que el Congreso podría enmendar el Código de Quiebra Federal para permitir a los municipios y corporaciones el que se pueden acoger a las protecciones del Capítulo 9.

Por otra parte, expuso que aunque el gobierno federal se ha mostrado reacio en brindar asistencia financiera a estados en ‘situaciones fiscales difíciles’, hay miembros del Congreso que han pedido establecer una Junta de Control Financiero para Puerto Rico.

Resaltó que en 1995 el Congreso estableció una Junta de Control Financiero en el distrito de Columbia. De hecho, por medio de la legislación que estableció la Junta se creó la figura del director financiero, quien tenía la autoridad de administrar las operaciones financieras del Distrito. De igual forma, el gobierno federal se hizo a cargo de ciertas obligaciones judiciales y de pensiones del Distrito, a la vez que recortó parte de los costos de Medicaid.

Asimismo, en el pasado se han establecido Juntas de Control Financiero en las ciudades de Filadelfia, Cleveland y Detroit.

‘El Congreso también podría alentar al gobierno de Puerto Rico para perseguir estrategias de desarrollo económico más acorde con las ventajas comparativas económicas de la isla, en lugar de sus ventajas fiscales. Puerto Rico ha dependido durante mucho tiempo de las disposiciones especiales en el código tributario de Estados Unidos y en sus propias leyes fiscales, para estimular la inversión’, sentenció.

En ese sentido, manifestó que se podría extender a Puerto Rico la exclusión de las políticas de envió dispuestas en la Ley Jones que ya se le han otorgado a la Islas Vírgenes. Y trajo a la atención de que algunos han sugerido revisar el Seguro Social o el salario mínimo federal para aumentar la participación laboral en la economía formal. Los sindicatos ya han condenado el que se implementen medidas que reviertan los beneficios laborales.

Sin embargo, el informe federal no entra en una de las estrategias que el Plan de Ajuste Fiscal incluye, la extensión del crédito contributivo a ciertas empresas por el impuesto que pagan en Puerto Rico.

El grupo de trabajo del Plan indicó que se debe extender por cinco años adicionales el impuesto de 4% a las corporaciones foráneas establecido por la pasada administración. Para sustituir los recaudos del impuesto a las corporaciones foráneas, el grupo sugirió reformar la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, pero no elaboraron cuales serían los cambios.

Informe congresional sobre alternativas fiscales para Puerto Rico – NotiCel_14917

Puerto Rico’s Current Fiscal Challenges_ In Brief_14918