En momentos que Puerto Rico comienza el camino de negociación con sus acreedores para reestructurar unos $47,000 millones en deuda pública, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el jueves una Resolución que traza una serie de recomendaciones básicas para este proceso.

NotiCel revisó el borrador de la Resolución A/69 /L.84, y encontró que varios puntos han sido obviados por la Isla.

Uno de ellos es el que estipula que ‘el principio de la transparencia debe promoverse para aumentar la rendición de cuentas de los interesados, lo que puede lograrse compartiendo oportunamente tanto datos como procesos relacionados con la renegociación de la deuda soberana’.

Desde hace tiempo la Administración García Padilla ha adolecido de no ser transparente en la divulgación de información que impacta adversamente la vida de sus ciudadanos. Los periodistas locales constantemente han denunciado estas malas prácticas. Incluso durante la pasada discusión de la Reforma Contributiva el medio especializado Sin Comillas tuvo que demandar al Gobierno para que hicieran público el informe de KPMG que usaban como base.

Ahora con el tema de la reestructuración de la deuda pública, el Primer Mandatario primero se fue al New York Times a decir que la deuda era impagable, luego en un proceso ‘fast track’ divulgaron un informe rendido por tres exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional que así lo demostraba y daba una idea de las medidas que se iban a implementar.

Tras ser conformado el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica de Puerto Rico, son múltiples los sectores que alegaron que no fueron consultados sobre las medidas de ajuste que el Gobierno propondría.

El total menosprecio hacia el país ocurrió esta semana cuando, mientras entretenían a la prensa con una supuesta conferencia legislativa en la que los legisladores alegaron que no se les compartió información específica sobre el plan fiscal, el equipo fiscal del Gobierno le explicaba las propuestas a los medios extranjeros.

No fue hasta el jueves al filo de las 10 a.m. que el Gobierno divulgó oficialmente el plan fiscal, luego el Gobernador dio un mensaje televisado a las 11 a.m. y la prensa fue convocada a una rueda de prensa en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para las 11:30 a.m., que comenzó al mediodía.

No conteste con eso, ahora el BGF pretende firmar acuerdos de confidencialidad con los grupos de acreedores para entonces iniciar el proceso de negociación.

De otro lado, la ONU estipuló en su Resolución que ‘el principio de la imparcialidad exige que todas las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones de la deuda soberana, incluso a nivel regional, de conformidad con sus mandatos respectivos, sean independientes y se abstengan de ejercer toda influencia indebida en el proceso y en otros interesados o de realizar actos que generen conflictos de interés o corrupción o ambos’.

Cabe señalar, que días antes de la divulgación del plan, el abogado John Mudd denunció que era conflictivo que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) le hubiera dado un contrato a la empresa FreePoint Commodities, L.C.C., para el suplido de combustible, sin que mediara un proceso de subasta. La pieza conflictiva es que la firma de manejo de fondos, Stone Point Capital, tiene inversiones en FreePoint Commodities y en Millstein <>& Co./a Actualmente, el presidente y fundador de Millstein <><><><><><><><><><><><><><><> <> <> Co., Jim Millstein, está asumiendo un papel protagónico durante el proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, al punto de participar directamente en la conferencia legislativa del miércoles y en la rueda de prensa del jueves con los periodistas locales./p
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En otro aspectos, otros puntos básicos que plantea la ONU es que ‘el principio del trato equitativo impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores. Los acreedores tienen derecho a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y con las características de este. Ningún acreedor o grupo de acreedores debe ser excluido a priori del proceso de reestructuración de la deuda soberana’./p
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‘El principio de la legitimidad implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana se deben respetar, en todos los niveles, los requisitos de inclusión y el estado de derecho. Los términos y condiciones de los contratos originales seguirán siendo válidos hasta que sean modificados mediante un acuerdo de reestructuración’, añaden./p
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Estos dos preceptos chocan con la manera en la que el Gobierno manejó los recientes vencimientos de pago de la deuda con los acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico./p
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Finalmente, otro punto básico que no se ha seguido es el momento en que se presenta el plan de reestructuración. Desde al menos el 2014 el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, Sergio Marxuach, y el senador a href=’http://www.noticel.com/noticia/153984/rosa-sugiere-plan-b-ante-inminente-degradacion-pero-acosta-prefiere-no-discutirlo.html’Angel Rosa,/a habían hablado que el país necesitaba reestructurar su deuda./p
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En ese entonces, la actual presidenta del BGF, Melba Acosta, manifestó no era momento de hablar de una reestructuración, porque eso implicaba que ‘vas a entrar en ‘default’ y no vas a pagar la deuda’./p
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La nueva postura de la ONU, es que ‘el principio de la sostenibilidad significa que las reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación de endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores y a la vez promoviendo el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos’./p

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