El Departamento de Estado contestó el viernes que acatará lo que determine el Tribunal de Primera Instancia en torno a la controversia por la nulidad de la Junta de Síndicos de la Universidad Carlos Albizu (UCA), luego de que este diario publicara que la mitad de sus miembros han permanecido a la cabeza de la institución por más tiempo del dispuesto en el certificado de incorporación.

El Departamento de Estado confirmó que ante la contradicción de los estatutos corporativos con el certificado de incorporación de la UCA, es el Tribunal de Primera Instancia el foro indicado para dilucidar la controversia.

El certificado de incorporación establece un tiempo máximo de seis años consecutivospara los miembros de la Junta de Síndicos, con la posibilidad deextendersesolamente durante un término adicional de tres años (luego de haber estado un año fuera), para un total de nueve años.La Junta se ha regido, sin embargo, por el reglamento interno de la Universidad, el cual establece que’el término de incumbencia de un Síndico quedará interrumpido o suspendido mientras esté sirviendo como oficial de la Junta’, lo cual tiene la consecuencia última de que un síndico extienda su tiempo de servicio de forma indefinida al permanecer como oficial, ya sea Presidente, Vicepresidente, Secretario o Tesorero.El reglamento permite, en otras palabras,obviar la directriz de que el tiempo máximo de servicio sean nueve años.

Algunos de los miembros como la doctora Ruth Prevor, el doctor Jorge González Monclova, ylos licenciados Gualberto Rodríguez y Jaime Pla, ya llevan dos décadas de servicio voluntario como Síndicos de la Institución.

El problema surge cuando esos miembros que han servido durante años a la Institución, se han negado a ceder a los reclamos de estudiantes y de la familia fundadora, quienes han solicitado su renuncia, luego de escuchar señalamientos públicos de supuestasirregularidades.

La Junta fue señalada por supuestamente, oponerse a una auditoría interna de una contratación que hicieron en 2011 conla firmade arquitectos Gutiérrez-Latimer CSPpara unos trabajos de remodelación, cuya obra no se ha concluido pese a que fue prepagada, así comoporpostergar laaprobación del presupuesto en supuesta represalia al presidente de la UCA, Ángel Collado Schwarz, quien comisionó la investigación.

Los miembros alegaron, sin embargo, mediante carta a la comunidad universitaria que estaban evaluando las partidas con precaución para no comprometer las finanzas de la institución, sobretodo, porque había un aumento de $4 millones con respecto al año anterior y Collado Schwarzhabía aumentado el costo de la matrícula de los estudiantes de nuevo ingreso sin contar con la aprobación de la Junta.

Según el certificado, cualquier acción corporativa tan solo requerirá del voto de la junta de síndicos. La facultad de aprobar cambios orgánicos se considerará investido, igualmente, en la Junta, por lo que el resto de la comunidad universitaria carece de poder y voto: la Ley General de Corporaciones dispone que solo un director/síndico o miembro de una entidad sin fines de lucro son las personas legitimadas a impugnar el ‘derecho de cualquier persona a continuar ejerciendo el cargo’. El documento de incorporación de la UCA no define a ningún miembro o socio, por lo cual el poder solo queda invertido en la misma junta.

Para resolver el asunto, la comunidad tan solo cuenta con el apoyo del Estado para investigar o intervenir, en pro de su misión de velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes de Puerto Rico. ‘Ante la inacción de la organización, el Secretario de Justicia puede intervenir’, comentó el licenciado Luis Pabón Roca.

Pese a los señalamientos públicos, ninguno de los miembros de la institución educativa ha presentado una querella ante el Departamento de Justicia, informó la portavoz, Amber Lee Vélez, ni hay pretensiones de entablar una demanda civil porparte de los tres síndicosdimitentes: el banquero,Salvador Calaf; el expresidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton; y el exsecretario de Educación, Rafael Aragunde, quienes hicieron exresionespúblicas de que ese cuerpo al cual renunciaban ‘tenía secuestrada a la Universidad Carlos Albizu’.