La sección de Puerto Rico de Amnistía Internacional (AIPR) hizo un llamado el miercoles al Gobierno de Puerto Rico a que revise las propuestas de ajustes fiscales considerando sus posibles efectos en los derechos humanos de los ciudadanos y residentes.

La organización indicó que los gobiernos no deben utilizar la escasez de fondos como pretexto para no garantizar a los ciudadanos y residentes de un país un nivel mínimo de protección en todas las áreas de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la alimentación, el agua potable, la educación, los servicios de salud y la vivienda.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU se hace eco de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil y cuestiona en términos generales los recortes sociales en respuesta a la crisis.

‘Hasta la fecha las medidas presentadas de ajustes fiscal no contienen un análisis, ni propuestas concretas de cómo el Estado planifica paliar los efectos negativos de la crisis en los sectores más desfavorecidos de la población, ni establecen la necesidad de realizar mayores esfuerzos para que los derechos humanos sean el fundamento de cualquier recuperación económica. Entendemos que el país se encuentra en una situación económica difícil. Sin embargo, esto no es una excusa para que el Estado no garantice los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación, y en especial de las personas en mayor situación de vulnerabilidad’, advirtió el director ejecutivo de la AIPR, Pedro Santiago, en comunicado de prensa.

De igual modo, Santiago recordó las decisiones desacertadas en el manejo del presupuesto a través de los años colocó a Puerto Rico en una crisis de insolvencia económica.

‘Según experiencias aprendidas en otros países, medidas regresivas en términos de los derechos laborales, recortes en los ingresos a los ciudadanos y en la inversión en el gasto social, generan más marginación de los grupos de población más pobres y vulnerables, como menores, migrantes, mujeres y personas discapacitadas, entre muchos otros grupos y, por consiguiente, más violaciones de sus derechos’, indicó Santiago.

El Director sostuvo que de adoptarse la medida de congelar el salario mínimo a menores de 25 años en una cifra que no permite un nivel de vida digno, es condenarlos a la dependencia y a la pobreza. ‘Ninguna persona que trabaje a tiempo completo debe estar bajo los estándares de la pobreza’, agregó.

Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de AIPR, licenciado Osvaldo Burgos, abundó que ‘tampoco vemos en las medidas un análisis de perspectiva de género. Sabemos que las mujeres son sobre representadas en los índices de pobreza, en Puerto Rico y el mundo. Por lo tanto, es imperioso entender cómo las medidas afectarán a las mujeres para poder combatir la brecha salarial y los estereotipos de género, así como fomentar la igual representación en los sectores públicos y privados. Además, nos preocupa que los recortes podrían perjudicar la protección de las víctimas de violencia doméstica por lo que instamos al Estado a garantizar sus derechos’.

Tradicionalmente la educación y la cultura es uno de los sectores más afectados por este tipo de recortes. Por tal razón, AIPR recomienda al Estado que asegure una inversión económica y presupuestaria sostenida y suficiente en educación y que redoble los esfuerzos para reducir la tasa de abandono escolar temprano. En este sentido la Universidad de Puerto Rico (UPR) es una activo para el país por lo que se le debe asignar un rol protagónico en el desarrollo socioeconómico.

Por último, Burgos recomendó que ‘las soluciones deben llegar verdaderamente de una coalición multisectorial que incluya al movimiento cooperativo, al sector no gubernamental y a la academia, más que ser un cónclave de los distintos partidos políticos, sin participación ciudadana. No obstante, a largo plazo entendemos imprescindible reformular nuestras metas como pueblo y establecer un Plan Nacional de DD.HH. que sirva como norte para el desarrollo social, económico y político’.