La eliminación de personal como parte de las miles de cesantías ocurridas bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño fue el detonante que desembocó en el mal manejo de subvenciones federales en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, según un informe federal.

La información se desprende de una auditoría de la Oficina del Inspector General (OIG) hecha pública este mes que cubre los años del 2008 al 2013. El Inspector General revisó 29 subvenciones concedidas por el Departamento de Justicia federal y administradas por el Departamento de Justicia local para un total de $77.5 millones.

El informe concluyó que los controles, políticas y procedimientos en el Departamento fueron inadecuados en administrar correctamente y de forma responsable los fondos de subvención. En consecuencia, la OIG cuestiona el uso de más de $5.1 millones.

‘Reconocemos que Puerto Rico se enfrenta a un reto en el tratamiento de sus problemas de la delincuencia a la luz de las dificultades económicas, pero eso hace la buena gestión de las subvenciones aún más importante. (El departamento) desembolsó $2.6 millones en fondos excedentes que no devolvió a la Oficina de los Programas de Justicia (OJP, por sus siglas en ingles). Además, no utilizó unos $3.6 millones en fondos federales adicionales que estaban disponibles; dando como resultado un total de $6.2 millones en la pérdida de oportunidades de financiación de la justicia penal’, reza el informe de la OIG.

Justicia tampoco asignó fondos de la subvención en base a las necesidades de los organismos de justicia penal o de acuerdo con un plan estratégico para hacer frente a la delincuencia. Además, cobró $23,355 en cargos no permitidos y más de $2 millones en cargos sin justificación a las subvenciones o ‘grants’.

De otra parte, el Departamento tampoco implementó plenamente aquellos programas federales diseñados para evitar la compra ilegal de armas de fuego. Asimismo, la OIG dijo que el Registro y Notificación de Ley de Delincuentes Sexuales (SORNA, por sus siglas en inglés) no se había aplicado en su totalidad y las enmiendas para mejorar el sistema de antecedentes penales no estaban actualizadas.

El Inspector general concluyó que la causa principal de estas deficiencias se debió a la reducción de empleados; a que el personal del Departamento no había sido entrenado adecuadamente y a la falta de controles.

En noviembre de 2009, el gobierno de Puerto Rico eliminó unos 13,000 puestos de trabajo bajo la llamada Ley 7, incluidos los puestos de trabajo de 12 personas de una plantilla de 15 empleados responsables de administrar las subvenciones. Diez meses después de la eliminación de esos 12 puestos, Justicia tuvo que contratar a un consultor a razón de $450 por día para ayudar a administrar los fondos y cargó $22,950 de los costos de administración a los fondos de la Ley de Recuperación.

‘Funcionarios (de Justicia) nos dijeron que desde el año 2009, Justicia ha contratado seis nuevos empleados y vuelto a contratar un exempleado, pero los nuevos empleados no tienen experiencia significativa en la gestión de subvenciones y no estaban entrenados adecuadamente. Hemos entrevistado a los seis nuevos empleados y se encontró que la mayoría de ellos tenían poca o ninguna experiencia previa en la gestión de subvenciones y ninguno de ellos había recibido entrenamiento en gestión de subvenciones’, dice el informe.

Uno de los hallazgos destacados sobre la falta de controles fue que aunque los procedimientos de Justicia requieren que los fondos de subvenciones se depositen en cuentas separadas, los mismos terminaron mezclándose con fondos de otras agencias.

‘Además de la mala dirección de los depósitos, en febrero de 2013, el Banco Gubernamental de Fomento cerró la cuenta del fondo fiduciario de la Ley de Recuperación Byrne JAG y transfirió el balance de $2.4 millones a la cuenta bancaria operativa del Departamento de Hacienda. Un funcionario de Justicia nos dijo que el cierre del fondo fiduciario y la posterior transferencia de fondos no habían sido autorizados por la agencia. El funcionario nos dijo que no estaban al tanto del cierre del fondo fiduciario hasta que se lo informamos en febrero del 2014, y ni la agencia ni el Banco fue capaz de proporcionar una razón para el cierre’, denuncia el informe.

El Departamento emitió una respuesta a los resultados de la auditoria donde detalló una lista de acciones correctivas que tomarán. La agencia dijo que ya está coordinando los adiestramientos necesarios con distintas instituciones para su personal.

Informe de Inspectoría General sobre el Departamento de Justicia – NotiCel_15204