El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Alberto Bacó, quiere que Puerto Rico sea conocido en el mundo por las exenciones contributivas que otorga a inversionistas quienes quieran establecerse en la Isla, paraíso fiscal para millonarios. Sin embargo, la aportación que hacen las personas que se acogen a la Ley 20 de 2012 está siendo altamente cuestionada.

No solamente el Gobierno carece de la data para comprobar el efecto de estas leyes en la economía, sino que la propia Ley no incluye requisito, ni especificación alguna sobre qué tipo de inversión deben hacer estos ‘individuos inversionistas’ para recibir el decreto.

Pese a que el Gobierno maneja los datos de los beneficiarios de manera confidencial, Bloomberg publicó a principios de este mes la historia de dos jóvenes millonarios que se mudaron a Puerto Rico, precisamente buscando evitar que el Gobierno Federal se quedara con la mitad de su dinero en contribuciones.

La vida que los jóvenes millonarios Abe Zeinesz y Meir Hurwitz, naturales de Brooklyn, llevan en la Isla da mucho que decir sobre el tipo de personas a quienes el Gobierno da estos decretos. Ambos hombres están semi jubilados. Viven en una mansión de seis cuartos con vista al mar, y cercana a un campo de golf en el sector residencial de Palmas del Mar. Desde que vendieron su empresa por $40 millones, su vida solo consiste en jugar golf y tener sexo con mujeres. Antes, se dedicaban a estafar a las personas para que tomaran los préstamos que les ofrecían.

El tipo de empresa al que se dedicaban resultacuestionable, según revela Bloomberg. Crearon Pearl Capital en 2011, una firma que se dedica a prestar dinero en efectivo de forma adelantada (merchant cash advance), pero cobrando el doble mediante una tasa de interés ridículamente alta (a veces hasta 250%), lo que usualmente llevaba a las pequeñas empresas a las cuales le prestaban a la quiebra. Aunque hay leyes estatales y federales que regulan las tasas de interés, no hay Ley que regule este tipo de empresa.

En una entrevista con Al Jazeera, Bacó se expresó conforme con el hecho de que estos inversionistas beneficiarios de la Ley 20 de 2012’compran propiedades, comen en nuestros restaurantes, usan nuestros servicios de helicópteros -los pilotos están bien contentos- y usan servicios de ‘catering’ para sus jets privados’. La inversión real que hacen a nuestra economía ya sea en el desarrollo de hoteles, zonas urbanas u alguna otra propiedad, es desconocida, y solo está disponible a manera anecdótica.

Bajo la Ley 22, ‘para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico’, se han otorgado 710 decretos, el 28% de estos en un periodo de cinco meses.

En la entrevista, Bacó reconoce que quienes se benefician de esta Ley se aprovechan de la circunstancia de un país al borde del impago para comprar propiedades a un precio descontado. ‘Es un hecho que están comprando barato. Pero eso es importante para la gente local, porque si no, nuestro pueblo no tendrá a nadie a quien vender las propiedades’, indicó.

El multimillonario, John Paulson, a quien el Gobierno tanto ha mencionado y agradecido por su interés en invertir en propiedades en desuso del área de Condado para desarrollar hoteles o viviendas de lujo es un gerente de fondos de cobertura estadounidense quien se dedica precisamente a sacar provecho de países o estados endeudados como Puerto Rico para comprar barato y así multiplicar las ganancias.

Los sectores de servicios financieros como los que operanZeineszy Hurwitz han sido precisamente los que más se han beneficiado de los incentivos por Ley 20 de 2012, ‘parafomentar la exportación de servicios’, según datosdel DDEC.

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