La Cámara de Comercio de Puerto Rico se expresó el miercoles en contra de la propuesta Junta de Control Fiscal alegando que el proyecto de ley que la crearía carece de una ‘clara expresión que justifique la creación de una Junta Fiscalizadora criolla’ dirigida a revitalizar el ambiente económico de Puerto Rico.

‘Entendemos que es de credibilidad cuestionable la forma en que se pretende crear esta Junta y que no proveerá la certeza que se busca ante los mercados financieros. Tampoco se puede definir en la medida cómo esta Junta resolvería que Puerto Rico tenga un equipo confiable frente a los mercados financieros, ni cómo ayudaría a revitalizar la economía de país’, señaló el director ejecutivo interino de la Cámara de Comercio, Héctor Mayol, durante una vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado.

Entre las objeciones presentadas por Mayol al proyecto del Senado 1513, señala que los objetivos que persigue la Junta –1) implantar reformas estructurales para reestablecer el crecimiento económico; 2) eliminar brechas de financiamiento y reducir la carga de la deuda de las entidades supervisadas; 3) regenerar la credibilidad de las entidades gubernamental –ya son parte de las responsabilidades de agencias de la Rama Ejecutiva como la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Junta de Planificación (JP) y el Instituto de Estadísticas. Por tal razón, Mayol señaló en su ponencia que ‘entendemos que no es necesario crear una junta ‘criolla’ fiscalizadora como esta, para ejercer las funciones antes descritas’.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, José Nadal Power, reconoció que han surgido ‘preocupaciones muy legítimas’ en torno al proyecto por lo que es necesario que el proyecto que finalmente se apruebe sea uno de ‘consenso’.

‘Estoy totalmente abierto a sugerencias de los otros partidos. Si hay que otorgarle [a la Junta] más o menos poderes, vamos a analizarlo. Yo no quiero cerrar alternativas’, señaló Nadal Power al finalizar la vista.

Sobre la exclusión de la Junta y sus miembros del cumplimiento con varias de las leyes vigentes (entre ellas la Ley de Relaciones del Trabajo, la Ley de Contabilidad del Gobierno, la Ley de Ética Gubernamental y la Ley del Fiscal Especial Independiente, entre otras), Mayol señaló que el efecto sería precisamente contrario al de promover credibilidad en los mercados financieros.

‘Entendemos que dar inmunidad a los miembros y personas que trabajen para la propuesta Junta, eximiéndoles de leyes que rigen la ética y las contrataciones, deja meridianamente claro que la Junta no tendrá que rendirle cuentas a nadie. Esto lacera toda credibilidad en los procesos y ante los mercados financieros’, dijo Mayol.

Las otras organizaciones citadas para la vista sobre el P. del S. 1513 –la Asociación de Bancos de Puerto Rico, la Asociación de Industriales y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados- también se expresaron en contra de la medida.