El gobernador Alejandro García Padilla anunció el viernes que firmará el proyecto de ley que cambiaría la forma en que se tramitan y fiscalizan los incentivos contributivos que concede el Gobierno a distintas empresas locales y extranjeras para que generen actividad económica.

El proyecto de la Cámara 2504 que crea la ‘Ley del Portal Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico’ y lo adscribe al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, va camino a La Fortaleza luego de que un segundo informe de comité de conferencia fuera aprobado por el Senado el jueves y por la Cámara el día anterior.

La medida enmienda unas 30 leyes de incentivos para reforzar la fiscalización y asegurar, entre otras cosas, que las empresas que se benefician de las mismas creen empleos en la Isla.

El Portal Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos será el mecanismo que canalice toda la información respecto a incentivos y beneficios contributivos. Será utilizado por las agencias que otorgan los mismos para validar y certificar que las empresas o individuos que los reciben cumplen con todas las leyes que facultan la otorgación de estos.

Un estudio hecho por la Cámara concluyó que la política sobre incentivos representa un serio costo fiscal para el Gobierno. En la exposición de motivos del proyecto se indica que ‘las leyes que otorgan incentivos o beneficios contributivos tienen que ir atadas a mecanismos de fiscalización’.

Las agencias que recomiendan y emiten los incentivos tendrán la responsabilidad de fiscalizar que las empresas o beneficiados de los incentivos estén cumpliendo lo acordado, lo que deberán hacer anualmente mediante certificaciones que serán colocadas en el mencionado portal.

El proyecto establece que se emitirá una certificación de cumplimiento para la concesión de los incentivos.

Una de las leyes que fue modificada por el proyecto es la Ley 22 del 2012, Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico. Entre las enmiendas, se establece que el Secretario de Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) será el único funcionario obligado a velar y garantizar que se cumplen todas las disposiciones de esta Ley.

El proyecto cameral le quita al Secretario el poder de eximir a un individuo inversionista de los requisitos de la ley como puede hacer actualmente. El Secretario tendrá anualmente la obligación y responsabilidad de preparar una Certificación de Cumplimiento, una vez los Individuos Residentes Inversionistas puedan validar, a juicio de dicho funcionario, que han cumplido con los requisitos dispuestos en esta Ley y emitir una certificación de cumplimiento.

La gestión del Secretario del Departamento de Hacienda, el Director Ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) o cualquier otro funcionario u organismo gubernamental o corporación pública relacionada con el proceso de cualificación de los individuos inversionistas, estará enmarcada en los aspectos contributivos de la concesión del beneficio o incentivo que se trate si obtiene la Certificación de Cumplimiento vigente. No obstante, estas agencias podrán solicitar información adicional para verificar la misma.

En cuanto a la Ley 20 para Fomentar la Exportación de Servicios, se incluye al Secretario de Hacienda como uno de los funcionarios a cargo de fiscalizar a los negocios que se benefician de la ley, además del Secretario del DDEC, quien no podrá eximir a dichos negocios de cumplir con los requisitos de la ley.

Vea también:

Dádivas contributivas a empresas dejan poquísimos empleos

Cuestionable la fortuna de algunos millonarios de Bacó

Legislatura quiere controles para el vacilón de los incentivos a millonarios