El secretario del Departamento de Justicia, Cesar Miranda, admitió que la laxitud en ciertas legislaciones vigentes han impedido radicar casos por delitos.

Según Miranda las deferencias de estas legislaciones podrían responder a que no fueron promulgadas pensando en un gobierno corrupto.

A preguntas de NotiCel, aseguró que trabajan con enmiendas para atender las lagunas de las legislaciones en materia de derecho civil.

‘Es un poco tener unas definiciones más precisas de qué tipo de conducta constituye un delito. Cuando tú lees los artículos tiene unas expresiones tan generales que enmarcar el término de intención dentro de esas generalidades es bien difícil… En el área pública yo he tenido casos que no he podido radicar, y sé que se cometieron irregularidades millonarias. No he podido radicar porque no pasan el crisol. He llevado casos al Tribunal que se han caído en Regla 6, que son buenos. Por qué se caen? Porque la definición del delito es tan y tan vaga, que sencillamente lograr convencer a un juez es muy difícil’, abundó.

Miranda había cuestionado la gestión pública en casos como el desembolso de fondos públicos para la construcción de dos gasoductos, la inversión del Municipio de Vega Bajapara la adquisición de una escultura de una ballena que fue hallada en un almacén, o incluso las pérdidas sufridas por el Fondo de Desarrollo del Turismo en Puerto Rico.

Observó que en España este tipo de casos la actuación del funcionario público se ha procesado bajo el delito de prevaricación administrativa. A nivel local se dice que existen delitos que se equiparan a este delito, por ejemplo, la malversación de fondos, negligencia, falsedad ideológica y apropiación ilegal. El problema es que Justicia depende de que se presenten querellas o alegaciones fundamentadas a través de una declaración jurada para proceder y presentar un caso ante los tribunales.

De otro lado, el Secretario habló sobre la necesidad de revisar la capacitación gerencial a los jefes de agencias para reforzar el primer frente contra la corrupción gubernamental.

Por su parte, la jefa de Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, destacó que en la Isla hay un problema de tolerancia hacia la corrupción que se puede evidenciar en las mismas salas de los tribunales al litigarse casos de alto perfil. Mencionó además que existe una distorsión del rol del servidor público.

‘Creo que si el funcionario público entendiera que el ser servidor público es un privilegio y un honor, no existiría tanta corrupción’, puntualizó Rodríguez.

Entretanto, el miembro del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Ismael Colón Birriel, esbozó una serie de enmiendas que entiende necesarias a la ley habilitadora de dicha dependencia. Por ejemplo, que se remita al PFEI los informes de investigaciones hechas por el Tribunal Supremo y la Policía; y que se establezcan Salas Especializadas para atender casos de corrupción.

Las expresiones se dieron en el marco de la primera mesa redonda con periodistas que sostuvieron los miembros del Grupo Interagencial Anticorrupción (GAC). En la actividad participaron también la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, la contralora Yesmín Valdivieso, y un funcionario del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).