El Departamento de Justicia (DJ) tiene en la mira una serie de delitos relacionados a la corrupción gubernamental para los que quiere conseguir que se puedan completar procesos civiles o administrativos de una persona reduciendo el peso o ‘quantum de prueba’ que le exige al Estado.

El DJ detalló a NotiCel que los delitos estipulados en el Código Penal que se evaluarán son: enriquecimiento ilícito, enriquecimiento injustificado, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, negociación incompatible con el ejercicio del cargo público, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, usurpación de cargo público, retención de propiedad, alteración o mutilación de propiedad, certificaciones falsas, soborno, oferta de soborno, influencia indebida, incumplimiento del deber, negligencia en el cumplimiento del deber, malversación de fondos públicos, posesión y uso ilegal de información, recibos y comprobantes de pago de contribuciones; compra y venta ilegal de bienes en pago de contribuciones; e impedir la inspección de libros y documentos.

Justicia está en proceso de conformar un equipo de trabajo para evaluar dichas enmiendas a las legislaciones vigentes.

El lunes, el secretario del DJ, César Miranda, manifestó a este diario que la idea es ‘un poco tener unas definiciones más precisas de qué tipo de conducta constituye un delito. Cuando tú lees los artículos tiene unas expresiones tan generales que enmarcar el término de intención dentro de esas generalidades es bien difícil… En el área pública yo he tenido casos que no he podido radicar, y sé que se cometieron irregularidades millonarias. No he podido radicar porque no pasan el crisol. He llevado casos al Tribunal que se han caído en Regla 6, que son buenos. Por qué se caen? Porque la definición del delito es tan y tan vaga, que sencillamente lograr convencer a un juez es muy difícil’.