El Departamento de Justicia (DJ) aseguró que no ha recibido ninguna auditoría, querella o referido que sirva de pie forzado para una investigación criminal por la comisión de algún delito en el proceso de emisión de deuda del Gobierno Central o de las corporaciones públicas.

La portavoz del DJ, Amber Vélez, explicó a NotiCel que la dependencia espera a la auditoría que debe hacer la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público creada mediante la Ley 97 del 2015, o que por medio de otra vía surja alguna evidencia que dé indicios de que se cometió algún delito.

Este diario les había cuestionado sobre qué tipo de evaluación había hecho el DJ para determinar si a través del proceso de emisión de deuda del Gobierno Central o de las corporaciones públicas se incurrió en algún tipo de delito, por ejemplo, negligencia de parte de los funcionarios públicos o fraude hacia los acreedores.

Vélez destalló que la Comisión, ‘tiene la encomienda de examinar y evaluar todo lo relacionado a la deuda pública, incluyendo los aspectos legales y financieros. En su momento, esa Comisión dará cuenta de su análisis sobre las obligaciones de Puerto Rico y sus instrumentalidades. Hasta que ello no ocurra, sería prematuro emitir un juicio al respecto. Recientemente varios de sus miembros fueron nombrados por los Presidentes de Cámara y Senado, lo que debe crear las condiciones para que dicha Comisión comience operaciones’.

NotiCel le solicitó información a La Fortaleza sobre cuándo estas personas entrarían en posesión de sus nombramientos, pero hasta el momento no había recibido ninguna respuesta.

De otro lado, Vélez, afirmó que la postura del DJ es consistente con las afirmaciones que hizo el Gobierno en el informe publicado recientemente por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

‘En este momento, y a menos que se llegue a una opinión diferente como resultado de una auditoría realizada por la Comisión de Auditoría de la Deuda Pública o por un proceso de investigación similar, la Administración no tiene ninguna razón para creer que se incurrió en violación de la Constitución de Puerto Rico en cualquiera de la deuda del Estado Libre Asociado, y entiende que se debe permanecer enfocado en trabajar para que se logre un ajuste fiscal completo y un plan de crecimiento económico, que incluye un consentido proceso de reestructuración de la deuda del Estado Libre Asociado. En ausencia de tal solución, las disputas legales podrían intensificarse, incluso entre los diferentes acreedores del Estado Libre Asociado’, se destaca en el informe emitido el pasado viernes, 6 de noviembre.

Por su parte, la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), informó que en un informe de la OCPR sobre el Recinto Universitario de Mayagüez, se encontró que ‘por varios años no sabían que los ingresos de las máquinas expendedoras de alimento se suponía que se depositaran en una cuenta especial para pagar la deuda’.

Entretanto, mencionaron que han denunciado a varios municipios que se entienden utilizaron para pagar gastos operacionales (en su mayoría de nómina), las asignaciones legislativas que provenían de emisiones de bonos que se supone se destinara para la construcción de obras.

Finalmente, no se obtuvo una respuesta del BGF de si habían realizado o estaban próximos a efectuar alguna auditoria sobre la deuda emitida.