El alcalde de Carolina, Jose Carlos Aponte Dalmau, reiteró su posición el martes, ante el pleito entre el grupo Amigos del Mar con el Hotel Mariott de Isla Verde, explicando que el Municipio de Carolina tiene órdenes del Tribunal de allanarse a cualquier solicitud del desarrollador para el desalojo de las personas que actualmente se encuentran en los terrenos.

‘En la última sentencia, el Tribunal de Primera Instancia fue cónsono con la pasada sentencia y dictaminó que el Municipio se allanará a cualquier orden apropiada que sea solicitada por el desarrollador para el desalojo de las personas que se encuentran ocupando los predios. Además, la sentencia establece que el Municipio de Carolina no participará en dicho proceso’, detalló Aponte de la Torre en un comunicado de prensa.

Aponte de la Torre además explicó que al Municipio de Carolina se le cedió las 45 cuerdas de terreno administradas en aquel momento por el Gobierno Central, y con ello se le obligó a honrar el contrato previamente establecido con la firma desarrolladora del hotel.

‘Como condición de la Resolución Conjunta de la Legislatura Estatal para el traspaso del Balneario de Isla Verde al Municipio de Carolina, en el 2003, era exigencia honrar el contrato de arrendamiento de cinco cuerdas de terreno establecido por el estado con el desarrollador desde 1996. Según la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el 2012, en el caso de los ambientalistas vs el desarrollador, del cual el municipio no fue parte, quedó claramente establecido que el contrato de arrendamiento era válido’, puntualizó.

El Alcalde carolinense dijo que ha desarrollado en las cuerdas de terreno que pertenecen al municipio una serie de mejoras y servicios que la han convertido en una de las mejores playas del país. De hecho, la semana pasada el Balneario de Carolina se convirtió en el único en obtener por once años consecutivos el galardón de Bandera Azul.

Sobre las personas que mantienen un campamento, Aponte expresó que ‘pretender apoderarse de un predio de terreno en contra de la ley para establecer en él actividades no conformes con el medio ambiente, como vehículos depositando aceite en la arena, están lejos de la verdadera preservación ambiental a la que todos aspiramos’.

Por otro lado, el candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe, se sumó al reclamo de que se anule el contrato de arrendamiento con un término de 99 años en el que supuestamente el Municipio de Carolina se comprometió a ceder al Hotel Marriott una franja de playa en Isla Verde sobre la cual la cadena planifica construir otro complejo turístico.

‘Durante más de una década, múltiples organizaciones de la sociedad civil han sostenido y justificado su oposición a este contrato, a la vez que se han dado a la tarea de proteger y rehabilitar la playa tras la destrucción inicial provocada por el Marriott. A pesar de esto, el Municipio de Carolina y su alcalde insisten en llevar a cabo un negocio a todas luces ilegal e inmoral. Ya la gente ha hecho el trabajo de defender su patrimonio y es hora de que quienes están llamados a defender los bienes públicos ejerzan su autoridad para detener este proyecto antes de que sea muy tarde’, opinó Bernabe en un comunicado de prensa.

El profesor universitario indicó que ‘el PPT se reafirma en su postura en contra de la privatización y a favor de la administración pública, transparente y democrática de los bienes y servicios públicos. Este es otro intento de entregar bienes públicos a manos privadas en perjuicio de los mejores intereses del País. Gracias a las decenas de ambientalistas que han autogestionado la protección de esa franja de terreno, hoy podemos disfrutar de una playa reforestada y limpia que sirve como hábitat de múltiples especies, área de anidaje para tortugas y espacio público para el disfrute de toda la población. Si no fuera por ellos y ellas, hoy solo habría cemento, otro edificio bloqueando la costa y el acceso a la playa, y mayor contaminación producto de un sistema sanitario sobrecargado. Ese no es el desarrollo turístico sostenible que necesita Puerto Rico’.

En la misma línea, Bernabe repudió cualquier acción de violencia contra desobedientes civiles y manifestantes durante esta lucha. ‘Ya sabemos que la empresa está dispuesta a literalmente atropellar a la oposición, luego de que uno de sus agentes arremetió con su vehículo contra un piquete legal y pacífico frente al hotel, hiriendo a dos de los manifestantes. Lamentablemente, en vez de escuchar razones y alternativas, el Municipio parece que también optará por usar la violencia para acabar con este conflicto a través de un desalojo forzado de los y las desobedientes civiles. Ante ello, insistimos en que el gobierno central debe intervenir para proteger tanto nuestros derechos de libertad de expresión como nuestros bienes públicos y los mejores intereses del País’, aseguró.