El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jose Aponte Hernández, tildó el jueves al secretario del Departamento de Justicia (DJ), Cesar Miranda, de usar la política partidista a la hora de impulsar acciones en la agencia.

‘Si hay alguna acción que se le ve la costura política es esta. Cómo es posible que el Secretario de Justicia demande a los alcaldes de Maricao, Vega Alta y Canóvanas por alegadamente haber recibido salarios indebidos y no hiciera lo propio con el destituido alcalde interino de Guayanilla? Debe ser porque los tres primeros son miembros del Partido Nuevo Progresista y el de Guayanilla es del Partido Popular Democrático, donde fue secretario del Partido y quiere seguir siendo Miranda’, señaló el líder estadista en un comunicado.

Alegó que el alcalde interino de Guayanilla, Pablo González, está cobrando un sueldo mensual de cinco mil dólares. González fue designado por el Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) tras la suspensión del alcalde Edgardo Arlequín Vélez por un caso de acoso sexual. Durante una investigación que realizó la Comisión de Asuntos Municipales en la Cámara de Representante en agosto de este año, el Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), Carlos Santini confirmó que el sueldo se está recibiendo de forma incorrecta según establece la ley.

‘Los hechos hablan por sí sólo en este caso. Venir a perseguir a los alcaldes del PNP y no hacer lo propio con el alcalde popular de Guayanilla es un acto mezquino que demuestra como verdaderamente se trabaja en Justicia bajo este secretario. Existe un referido del propio presidente de la Comisión de Asuntos Municipales a la Contralora y Ética Gubernamental. Cuándo Justicia va a tomar acción en esto? O es que lo van a dejar como tantos otros casos que involucran a figuras del partido de gobierno y se quedan en el limbo’, agregó el expresidente de la Cámara de Representantes.

Por otro lado, Aponte Hernández alegó que el representante popular, José Rodríguez Quiles envió el pasado 15 de septiembre el caso a la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso y la licenciada Mabel Santiago Ramírez, directora del área de investigaciones y procesamiento administrativo de la Oficina de Ética Gubernamental, para su consideración.

Dijo que según se desprende de las demandas incoadas por Justicia a los alcaldes Gilberto Pérez Valentín, de Maricao e Isabelo Molina Hernández de Vega Alta, se les señalan aumentos salariales indebidos. Mientras, contra Lorna Soto Villanueva, alcaldesa de Canóvanas, se demanda por haber devengado salarios supuestamente en exceso.

‘El alcalde interino de Guayanilla tiene mucho que explicar, al igual que el Secretario. En el PNP vamos a estar muy atentos a las acciones que tome Justicia sobre estos casos, pues se ve claramente la costura política. Estaremos sumamente pendientes al desenlace de estas demandas y de producirse evidencia que establezca que este asunto fue tramitado por motivaciones políticas, como claramente aparenta, el PNP tomará todas las acciones dentro de nuestro alcance para garantizar que los derechos civiles de nuestros servidores públicos se protejan’, concluyó.