Exalcaldes, exgobernadores y exlegisladores que se van a laborar al sector privado, así como cabilderos, pueden tener acceso al área donde se llevan a cabo las sesiones legislativas, incluyendo el Salón Cafe. Esto implica un nivel de acceso profundo y sin comparación con los representantes y senadores para promover proyectos a favor de los clientes que les pagan buenas sumas por ello.

A pesar del privilegio indebido que esto representa, desde junio se encuentra en el limbo de la Cámara un proyecto senatorial que de haberse convertido en ley prohibiría ese tipo de actividad tras regular la conducta de los cabilderos en las Ramas Ejecutiva y Legislativa.

Según uno de sus autores, el senador Ángel Rosa, la medida le hubiese ahorrado al pueblo tener un desfile de funcionarios testificando ante un Gran Jurado federal sobre actos de posibles influencias a partidos o actos de corrupción.

Rosa, autor junto al senador Ramón Ruiz Nieves, sostuvo que el proyecto del Senado 1220 aprobado en el Alto Cuerpo, todavía no ha asistido a vistas públicas en la Cámara. Se supo que ese cuerpo está en disposición de ver el proyecto.’En la medida que no nos movamos en esa dirección. Continuaremos con el problema del desfile de funcionarios ante un Gran Jurado’, aseguró Rosa.

La medida se llama la ‘Ley de Gobierno Honesto’ y regularía el cabildeo en las Ramas Ejecutiva y Legislativa, además de prohibir la contratación conflictiva entre cabilderos y el Gobierno, la puerta giratoria (‘revolving door’) entre la función legislativa y el cabildeo.De igual modo, crearía un registro de cabilderos y establece la obligación de que cada cabildero o firma de cabilderos se inscriba y radique un informe regular de sus actividades.

Ya la Legislatura tiene un registro de cabilderos pero el requisito de inscribirse en los mismos no tiene peso de ley, ni consecuencias de no registrase. Rosa dijo que la mayor parte del cabildeo se hace en la Legislatura por ser la rama que aprueba las leyes. En la Ejecutiva se puede ver cabildeo en la otorgación de contratos o solicitud de permisos.

‘Ya en la Legislatura está regulado pero no en el Ejecutivo. Esto por primera vez le pone garras al cabildeo en las agencias’, afirmó Rosa.

La medida también establece que cualquier cabildero que quiera reunirse con un jefe de agencia tiene que llenar un registro que diga los motivos de su reunión. Además, requiere a los legisladores esperar 12 meses tras dejar sus puestos antes de laborar como cabilderos.

Rosa, quien admitió que recibe cabilderos todos los días, opinó que aunque cabildear a favor de medidas es una función legítima algunas personas se toman la libertad de ofrecer ayudar a funcionarios en sus campañas en espera de obtener un trato preferencial a cambio de la ayuda. ‘El inversionismo político se da a través de esa actividad (cabildeo)’, dijo.

El proyectoprohíbe que un cabildero ejerza su función ante una agencia gubernamental o cuerpo legislativo en la cual tenga contratos, so pena de perder los mismos. También tendría que informar quiénes son sus clientes y empleados; y para lograr el cumplimiento se imponen penalidades civiles y criminales de hasta cinco años de cárcel o $100,000 de multa.

Aunque en la Cámara ciertos exfuncionarios tienen acceso al área de sesiones, que incluye el Salón Café y el propio hemiciclo, en el Senado solo pueden entrar al Salón Café los legisladores y exlegisladores.

Entre las regulaciones existentes, la Ley de Ética requiere a jefes de agencias esperar 24 meses antes de hacer cabildeo en la agencia donde trabajo.

Como parte de una investigación federal contra donantes del Partido Popular Democrático (PPD), se alega que algunos fueron favorecidos con contratos. El gobernador Alejandro García Padilla, quien no es tarjeta de investigación, ha negado rotundamente que cualquiera de sus allegados que ayudaron en su campaña le haya solicitado algún tratamiento preferencial o ilegal.

El Mandatario envió a la Legislatura una medida que enmendaría la Ley de Ética Gubernamental para impedir que funcionarios del Ejecutivo traten de intervenir en decisiones o con funcionarios de las corporaciones públicas.