El comerciante, Javier Muñiz Álvarez, aspirante a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista, tendrá que permanecer en prisión, luego de que el fiscal Jose Capó Iriarte pidió una vista de fianza en alzada, al quedar insatisfecho con la determinación de la magistrada Sylvia Carreño.

La magistrada dejó salir libre al imputado bajo una fianza global de $10 mil y otras restricciones, pero el fiscal José Capó apeló la determinación, al alegar que Muñiz Álvarez había realizado amenazas a un testigo del Gobierno.

Capó pidió que Muñiz Álvarez permaneciera en prisión tras alegar que era un peligro para la comunidad y que había obstruido la justicia, pero a la Magistrada no le convencieron sus argumentos. ‘Haga lo que usted quiera’, dijo cuando Capó dijo que apelaría.

El juez federal, Pedro Delgado, será quien celebre la vista de fianza en alzada.

Capó alegó que Muñiz Álvarez amenazó con asesinar a un testigo del gobierno, a la familia del testigo y hasta al perro si lo delataban. El informante hizo esas alegaciones en octubre. Sin embargo, Muñiz Álvarez no fue acusado de ese delito.

El fiscal informó, además, que el acusado poseía una pistola Smith <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> <><>& Wesson 380 y que había adquirido municiones de diferentes calibres, algo para lo que no tenía permiso. Destacó que hay un límite de 50 rondas de municiones. Dijo que Muñiz Álvarez tenía licencia de portación de armas, pero no así para disparar en un club de tiro./p

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La ley local, según un examen de NotiCel, impone a las personas que tienen armas pertenecer a un club de tiro y no se les puede vender municiones de otras armas que no tienen pero no dice que sea ilegal poseer municiones de otras armas./p

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El abogado de defensa, Francisco Rebollo, argumentó que lo que hizo su cliente no es ilegal dentro de lo que se permite en su licencia de posesión y portación. Sostuvo que su cliente entregó sus armas a la Policía el día de su arresto./p

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De otra parte, Capó dijo que tenía un testigo que estaba dispuesto a declarar en sala sobre las amenazas a un cooperador, pero no hay grabaciones de la amenaza. Rebollo refutó que era prueba de referencia porque la víctima de la alegada amenaza no se encontraba en sala./p

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El abogado de defensa sostuvo que la alegada amenaza no era más que un hueco comentario que produce alguien cuando se ve amenazado. ‘Porque aquí nadie puede decir que no ha dicho que haría algo así, si le amenazan a su familia’, dijo Rebollo./p

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El abogado enfatizó que si el gobierno hubiese creído que las amenazas eran realizables lo hubiesen acusado de ese delito. ‘Un agente responsable le hubiese dado al testigo una grabadora para que lo grabara, porque sería importante’, dijo Rebollo./p

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Muñiz Álvarez está acusado de conspiración para cometer fraude en programas federales y fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción a la justicia por usar la compañía JM Professional and Training Group para obtener contratos con el gobierno, específicamente con la Administración de Desarrollo Laboral. Fue uno de 10 arrestados por el escándalo de ventas de influencias orquestado por el recaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández/p

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Rebollo dijo que su cliente podría estar en la cárcel hasta después de las elecciones por una mera alegación y que debía estar libre bajo fianza./p

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Sobre la no acusación por la amenaza, Capó respondió que la fiscalía podría radicar la misma a lo que la magistrada dijo que Rebollo tenía derecho a cuestionar pues no se incluyó./p

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Carreño revisó un documento que contenía la alegada amenaza e indicó que del mismo se desprende que el acusado sabía quién lo había delatado y que preguntó al testigo si debía destruir una computadora. De hecho, por eso fue que se le radicó el cargo de obstrucción a la justicia./p

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La jueza cuestionó por qué no se había arrestado al testigo luego de que hiciera la alegada amenaza ya que el documento estaba hecho desde noviembre, un mes luego de la amenaza./p

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Capó trajo a testificar al agente del FBI, Juan Carlos López, quien declaró que el testigo le dijo sobre la amenaza de Muñiz Álvarez. Dijo que estaba preocupada porque Muñiz Álvarez tenía contactos y podía pedirle a otras personas que le hicieran daño. Durante el contrainterrogatorio de Rebollo, López admitió que no preparó el documento con la amenaza ya que lo hizo el agente del caso./p

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Carreño le dio la razón a Rebollo tras entender que la amenaza se hizo bajo estrés ante los cargos inminentes y no era una seria. Pese a que el fiscal argumentó que la defensa no probó que la amenaza no era cierta, Rebollo dijo que quien tenía el peso de probar la amenaza era la Fiscalía. ‘Esto es un bonche de agentes haciendo una alegación’, sostuvo Rebollo./p

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El pasado, 3 de diciembre Hernández Pérez y otros nueve acusados fueron acusados por conspiración para obtener sobre $2 millones en contratos de distintas agencias./p

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De otra parte, el abogado Hernández, Osvaldo Carlo, no descartó en entrevista radial hoy pedir que el juicio de su cliente se haga fuera de Puerto Rico, al alegar que la publicidad excesiva impediría un juicio imparcial./p

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Anteriormente, el comerciante Carlos Luna, de JM Professional <> Training Group se declaró no culpable de cargos que se imputaban, por lo que se le había permitido estar en la libre comunidad./p