El director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, Sergio Marxuach, opinó que la reciente determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en la que acogieron revisar la decisión judicial que invalidó la denominada Quiebra Criolla, le permite al gobierno de Puerto Rico crear mayor presión en el Congreso y los coloca en mejor posición frente al proceso de negociación con los acreedores.

Cuestionado por la prensa sobre cuáles son las posibilidades de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos emita una decisión que sea favorable para la Isla, Marxuach argumentó que aunque el resultado es incierto, al menos tres de los jueces asociados podrían estar inclinados en favorecer a Puerto Rico. De un lado, está la jueza asociada de origen puertorriqueño, Sonia Sotomayor y, por otra parte observó que el juez asociado, Stephen Breyer, atendió casos relacionados con Puerto Rico mientras estuvo en el Tribunal de Apelaciones y el juez asociado Antonin Scalia es amigo del hermano del Gobernador y del expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Antonio ‘Tony’ García Padilla.

Señaló que la determinación final del Tribunal Supremo sobre la validez de la Quiebra Criolla no se materializaría hasta el próximo junio, por lo que ante el problema de liquidez del Gobierno y los próximos vencimientos de pago que se avecinan, crece la presión para que el Congreso de Estados Unidos le brinde a Puerto Rico algún tipo de asistencia. La administración de Alejandro García Padilla ha puesto sus esperanzas en que esta semana el Congreso incluya enmiendas al proyecto Ómnibus, con el fin de ayudar a la Isla. Y está pendiente que los congresistas decidan si van a permitir que las agencias, corporaciones públicas y los municipios de Puerto Rico se puedan acoger al Capítulo 9 de la Ley de Quiebra Federal, un mecanismo que Marxuach entiende que los bonistas favorecerían más que la Quiebra Criolla.

En el Resumen Ejecutivo del informe ‘The Endgame: An Analysis of Puerto Rico’s Debt Structure and the Arguments in Favor of Chapter 9’, el CNE destacó que el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra Federal no constituye un rescate federal para Puerto Rico porque no les costaría ni un centavo. En ese sentido, argumentaron que ‘la probabilidad de un rescate federal aumenta significativamente en la medida que no se le permite a Puerto Rico, sus agencias e instrumentalidades reestructurar sus deudas bajo el Capítulo 9’.

En otros aspectos, sostuvieron que el Capítulo 9 facilita el proceso de reclamo por parte de los acreedores y les permite justicia a todos los bonistas.

Del mismo modo, plantearon que este mecanismo le permite a la Isla asegurar que se pueda seguir proveyendo los servicios públicos que son esenciales.

‘Si el Congreso no actúa (sobre el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra Federal), básicamente se lo está dejando a la Corte Suprema (resolver la controversia sobre Quiebra Criolla)’, puntualizó Marxuach.

En ese sentido, Marxuach afirmó que si a Puerto Rico no se le provee algún mecanismo local o federal con el que puedan reestructurar su deuda, de haber un impago se crearía un caos al tener que afrontar un cúmulo de demandas y con ello varios retos a nivel legal. De llegar a ese punto, y los casos se tienen que litigar en la jurisdicción local, sugiere que se establezcan salas especializadas para atender estos litigios.

Entretanto, el CNE enumeró en su informe que algunos de estos retos legales son: (1.) las variaciones del Artículo VI, de la Sección 8 de la Constitución de Puerto Rico al comparar las versiones en español e inglés; (2.) falta de claridad en los remedios que tienen los tenedores de bonos de Obligaciones Generales (GOs) para ser los primeros en reclamar los recursos disponibles del Gobierno de ocurrir un impago; (3.) cuestionamientos sobre la validez de la opinión del exsecretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, quien determinó que la porción del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) que están destinados para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA) no pueden ser redirigidos para el pago de principal e intereses de los GOs bajo la cláusula de ‘clawback’ de la Constitución; (4.) cuestionamientos sobre la legalidad de que se usaran los recursos de las emisiones de deuda de COFINA para financiar déficit presupuestarios o cubrir gastos corrientes; (5.) dudas de si como parte de la cláusula del ‘clawback’ se incluyen los ingresos obtenidos de las contribuciones municipales; entre otros.

Finalmente, Marxuach, recomendó que se establezca una comisión que haga una narrativa sobre como Puerto Rico llegó a la situación actual. Destaca que otros países de América del Sur han hecho este ejercicio.

Resumen Ejecutivo_ _La estructura de la deuda de Puerto Rico y los argumentos a favor del Capítulo 9_-NotiCel_16370

_The Endgame_ An Analysis of Puerto Rico’s Debt Structure and the Arguments in Favor of Chapter 9_-NotiCel_16371