La impugnación radicada por la Asociación de Hoteles y Turismo contra el Departamento de Hacienda para paralizar la implantación de la videolotería tiene su cita la tarde de hoy, miercoles, ante la jueza Gloria Maynard Santiago.

Desde el verano, la Asociación solicitó al Tribunal de Primera Instancia que decrete el reglamento 'ultra vires' tras argumentar que Hacienda no tiene la capacidad para autorizar estos juegos, sino que solo recae en la Legislatura. En septiembre, el Departamento, solicitó que se desestimara el caso tras alegar que la Asociación carece de legitimación activa para su impugnación. A su vez, esta radicó una moción oponiéndose a la solicitud de desestimación a principios de octubre.

Los fundamentos para impugnar son que los reglamentos contravienen leyes que prohíben máquinas de juegos de azar fuera de los casinos y que el Secretario de Hacienda solo puede reglamentar los juegos pero no autorizar nuevos juegos.

Según Hacienda, la videolotería generará $19 millones en el 2017, $22 millones en el 2018, $27 millones en el 2019, y $27 millones en el 2020.

Asimismo, la Asociación presentó una Solicitud de Remedios Provisionales para paralizar, temporeramente, la implantación del Reglamento Operacional de la Lotería Adicional, y el Reglamento de los Vendedores de Jugadas de la Lotería Adicional. Este pedido obedeció al fracaso de una solicitud extrajudicial para paralizar el proceso de requerimiento de propuestas para la subasta de la videolotería.

'Un proceso que ha quedado menoscabado ante la opinión pública quien presagia favoritismo, influencias indebidas, corrupción y descuido en la otorgación de un contrato de cientos de millones de dólares que alterará para siempre la política pública en nuestra jurisdicción en torno a los juegos de azar y que le propinará una estocada mortal a los casinos y a la industria turística de Puerto Rico', sostuvo la Asociación en su escrito.

La Asociación se quejó de que Hacienda se apresura en escoger un proponente para la operación de la videolotería mientras dilata el caso radicado por la organización para consumar la 'contratación ilegal' antes que el Tribunal pase juicio sobre las alegaciones.

Además, el organismo solicita que se decida la controversia por sentencia sumaria por entender que existe concurrencia sobre las controversias medulares del caso. Según la Asociación, Hacienda se niega a hacer descubrimiento de prueba y permitir la inspección de documentos.

'Este, es, precisamente, el comportamiento procesal que mina la confianza de la ciudadanía y partes interesadas en los procesos de subasta y ponen en tela de juicio la misma integridad y transparencia del proceso, ya desvirtuado por los medios noticiosos del país, al extremo de que se tilda en una mera figura decorativa y cosmética, pues, el postor agraciado fue, a todos los efectos prácticos, seleccionado', dice la Asociación.

Hacienda no contestó la solicitud de la Asociación a favor de una sentencia sumaria y meramente solicitó al Tribunal que atienda el tema de la jurisdicción del Tribunal primero en torno a la legitimación activa. Si la parte demandada no presenta la contestación a la sentencia sumaria en el término provisto por la Reglas de Procedimiento Civil, se entenderá que la moción sumaria queda sometida para la consideración del tribunal, destacó la Asociación que insiste al Tribunal a paralizar el proceso de subasta de la videolotería y ordenar a Hacienda producir una certificación sobre el estatus del contrato millonario para la operación del juego de azar.

En la orden emitida por la Jueza, se apercibe a las partes que tienen que estar listas para dirimir todas las controversias.

Las alegaciones ocurren luego que el Departamento de Justicia presentó cuatro demandas de cese y desista para lograr detener la operación de negocios ilegales de tragamonedas y para que se revoquen las licencias de las máquinas en su poder.