La alcaldesa de Ponce, María Melendez Altieri, fue demandada por supuestamente incurrir en desacato al Tribunal de Primera Instancia al fallar en el cumplimiento de una orden judicial para la entrega de documentos sobre la contratación de personal de confianza en violación a una ordenanza municipal.

La moción fue presentada el martes, por el legislador municipal del Partido Popular Democrático (PPD), Luís Irizarry Pabón, quien hizo un recuento del proceso para obtener legalmente la documentación requerida y las evasivas de Meléndez Altieri para entregar los mismos. Además de la alcaldesa figuran en la moción el Municipio de Ponce y Janice González, Directora de Recursos Humanos en la alcaldía.

‘La parte compareciente, por medio de su representación legal, realizó múltiples gestiones de buena fe para que los demandados produjeran los documentos solicitados. A pesar de las múltiples gestiones realizadas, no se recibió respuesta de parte de los demandados, quienes tienen el deber ministerial de producir los documentos e información solicitados’, dice la moción de Irizarry Pabón.

Los demandados inicialmente apoyaron conceder los documentos pero sin los nombres de los contratados dizque como una medida de confidencialidad. Sin embargo, la juez Rosalyn Santana, quien ha presidido las vistas del caso desde el 1 de octubre pasado, ha dicho que éstos no han presentado evidencia que sustente su alegación.

‘Tan evidente es la actitud temeraria de los demandados que ahora niegan los acuerdos a los cuales se llegó, ante este honorable foro, en la vista del 21 de octubre’, dice la moción presentada por el Bufete Emmanuelli en representación del legislador popular.

Agrega que ‘constituye desacato cualquier acto o conducta que tienda a impedir u obstruir la administración de la justicia por un tribunal o menoscabe la autoridad o dignidad del mismo’.

Irizarry Pabón solicita, además de los documentos en controversia, el pago de 7 mil dólares por concepto de costas y honorarios y una multa de 500 dólares a Meléndez Altieri y a González por su negativa a cumplir la orden del tribunal.

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