La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó hoy, lunes, el proyecto 2610 del fenecido representante Carlos Vargas Ferrer, para establecer las guías mínimas que permitan depurar las cualidades de las personas a quienes se les estaban otorgando los incentivos concedidos mediante la Ley 22 de 2012.

La medida sobre la ‘Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico’ persigue asegurar que los inversionistas residentes cumplan con parámetros mínimos de civismo y responsabilidad ciudadana.

Tras la defunción de Vargas Ferrer, sus compañeros en la Cámara enmendaron el proyecto de tal modo que distorsionaron completamente su contenido.

La intención de Vargas Ferrer era establecer un impuesto de 5% a las ganancias de capital de los millonarios e inversionistas que se acojan a la Ley 22, de forma que los decretos que permiten que Puerto Rico sea un paraíso fiscal exento del pago de contribuciones estén ligados a una solicitud de inversión en el desarrollo económico. Particularmente, la medida establecía que un 3% de su capital sería destinado al Fondo de Energía Verde para diversificar las fuentes de energía; mientras el 2% iría al Fondo para el Desarrollo Económico.

El propósito de la medida se diluyó para que en vez de exigir una aportación al desarrollo económico de la isla, los nuevos residentes cumplan con ‘los parámetros mínimos de civismo y responsabilidad ciudadana’. Se incluyó, además, un artículo completamente nuevo que le da al Secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) un pote de recaudos para usar a su discreción en la promoción de incentivos para atraer inversionistas a Puerto Rico.