A pesar de que la representante legal del Gobierno en el caso de Roberto Navarro Ayala y el Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio, Arlene Perez Borrero, ha reiterado anteriormente la inconformidad del Estado con que se nombre un monitor federal que costearía el erario para el caso, el juez federal Francisco A. Besosa, acordó el viernes con las partes, identificar y contratar un recurso de apoyo para este, tambien a expensas del Gobierno de Puerto Rico.

‘Nos preocupa el costo que esto pueda tener para el Gobierno de Puerto Rico en momentos de crisis económica’, expresó Pérez Borrero al juez Besosa en sala a lo que este ripostó criticando la deuda del país y la manera en que el Gobierno de Puerto Rico ha lidiado con la misma. Añadió que los pagos de estos recursos no están presupuestados.

Daniel E. Wathen, monitor federal nombrado por el propio juez para atender el pleito de clase y cuya responsabilidad ante la Corte es asistir en el caso e investigar si los cambios en el tratamiento de salud mental cumplen con el plan de rehabilitación establecido, sometió la petición formalmente basado en dos puntos.

El primero fue la barrera del idioma, al Wather no dominar el español, y como segundo punto, su desconocimiento sobre detalles de la Ley 408 de 2000, o Ley de Salud Mental de Puerto Rico, asunto que imposibilitaría, según el monitor, su desempeño en este caso.

Judith Berkan, abogada que representa al Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio, se mostró de acuerdo ante la petición de Wather y catalogó como ‘sumamente productiva’ la reunión que tuvieran las tres partes ayer para dialogar sobre el asunto.

Wather identificó a Elizabeth Jones como la candidata idónea para el puesto dado su amplio conocimiento de la Ley 408, que establece las necesidades de prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación en los casos de salud mental, y su dominio del idioma español.

Besosa anunció su intención de nombrar a un monitor federal al caso el pasado 15 de diciembre y cuyos honorarios serían cubiertos por el gobierno local. Los costos del recurso de apoyo al monitor también recaerían sobre el Gobierno estatal.