Los abogados de los electores excluidos del registro electoral reclamaron el miercoles a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) la reactivación inmediata de sobre 700,000 votantes a quienes se le han violado derechos electorales fundamentales.

La petición de los licenciados Carlos ‘Charlie’ Hernández y Carlos del Valle Cruz se fundamenta en que el pasado lunes, el Tribunal de Circuito de Apelaciones en Boston dictó una sentencia declarando que la CEE actuó ilegalmente al excluir del registro de electores activos a todos aquellos ciudadanos que no votaron en las elecciones del 2008 y 2012.

‘Cada día que pasa sin que se reactiven esos electores representa una violación de derechos electorales fundamentales. Esa renuencia de la Comisión en cumplir con un claro mandato priva actualmente a los electores de la posibilidad de endosar a los ciudadanos que han presentado sus candidaturas para las primarias de junio’, indicó en un comunicado el representante Hernández, uno de los abogados de los demandantes.

El Circuito de Apelaciones de Boston emitió un dictamen que confirma la determinación de la jueza Consuelo Vargas de Cerezo de la Corte de Distrito Federal para Puerto Rico, que el año pasado había concluido que la remoción de votantes de las listas de electores hábiles violentaba el ‘Help America Vote Act’. Vargas de Cerezo, ordenó a la CEE a restituir a más de 500,000 votantes que fueron removidos de las listas por no haber votado en elecciones anteriores.

Por su parte, el profesor Del Valle Cruz, quien argumentó exitosamente el caso en apelación, señaló que ‘los expertos coinciden en que el trámite interno en la CEE para la reactivación de los electores es técnicamente sencillo y debería ser expedito. En medio del proceso de radicación de endosos a las diversas candidaturas, es inaceptable que continúen prolongando la violación de derechos electorales. Se requiere acción urgente’.

Los representantes legales de los demandantes remitieron una comunicación a la presidenta de la CEE, Liza García y a los comisionados electorales de todos los partidos reclamando acción sobre este asunto.

‘La testarudez de la CEE en litigar este asunto en ánimo de privar a miles de electores de su derecho al voto no tiene precedente. Ya ha costado demasiado dinero público y ha privado a miles de ciudadanos de derechos electorales que deberían ser sagrados en Puerto Rico. Es momento de que impere la sensatez y cumplan con la orden dictada por los tribunales’, concluyó Hernández.