El senador del Partido Nuevo Progresista, Angel ‘Chayanne’ Martínez Santiago, presentó el lunes un paquete de medidas dirigidas a mejorar la seguridad de los fiscales y procuradores de menores y familia que laboran en el Departamento de Justicia.

Entre las propuestas Martínez se encuentra un proyecto que busca incluir a los fiscales, procuradores de menores y procuradores de relaciones de familia como funcionarios (empleados) de alto riesgo en el servicio público.

‘Actualmente son empleados públicos de ‘alto riesgo’ los policías, bomberos, policías municipales y jueces, entre otros. En esa definición no están los fiscales. El inconveniente para ellos es grande, pues tienen un trabajo que coloca en riesgo sus vidas a diario, pero su compensación, como empleados, no está a la par con la peligrosidad de sus tareas. Esto representa una injusticia, pues incide en su compensación de plan médico, seguro de vida y retiro’, dijo Martínez Santiago en comunicado de prensa.

Además, el Senador radicó un proyecto de ley para que cada año se les brinden adiestramientos en seguridad; y que estos incluyan el uso y manejo de armas de fuego, adiestramientos sobre defensa personal, sobre el manejo de vehículos de motor de forma defensiva, protección de testigos y personas víctimas de delito, entre otros temas.

‘Estamos radicando una Resolución Conjunta para ordenar a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) a realizar un estudio sobre las condiciones de seguridad en sus edificios, junto a la Oficina de la Administración de Tribunales, para así lograr garantizar la seguridad de los fiscales en sus áreas de trabajo. La realidad es que la mayoría de las fiscalías en Puerto Rico están bajo Edificios Públicos, y es la responsabilidad de esa agencia proveer las garantías necesarias para salvaguardar la vida de aquellos que ahí laboran’, mencionó el senador por el Distrito de Arecibo.

El legislador anunció además que someterá una medida la cual establecería un sistema de puntos o créditos para fiscales especiales que lleven más de ocho años en nombramiento con el objetivo de que puedan ser considerados para nombramientos como fiscales en propiedad.