El proyecto de ley que busca prohibirle a la Autoridad de Energía Electrica (AEE) o cualquier otra instrumentalidad del Estado, de participar en el mercado de la venta al detal de servicios de telecomunicaciones se topó con la oposición del Departamento de Justicia y de la entidad sin fines de lucro PREPA Networks.

El proyecto que crearía la ‘Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información, y Televisión por Paga’, busca prohibir a toda corporación pública incursionar en la venta al detal de sus servicios, permitiéndoles únicamente la venta al por mayor, como es el caso del arrendamiento de fibra óptica a proveedores de telecomunicaciones.

La controversia surgió cuando compañías como AT<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>&T, Data Access Communications, AeroNet y Neptuno Networks, tronaron en contra de las entidades sin fines de lucro PrepaNet y OnNet, ambas subsidiarias de la AEE, por representar una competencia desleal debido a los beneficios y subsidios que ambas reciben del Estado./p
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Sin embargo, bajo la premisa de que el foco de los servicios de telecomunicaciones no deben estar en sus proveedores privados sino en sus consumidores, el Departamento de Justicia se opuso a la medida el martes, debido a que sacar a PrepaNet del juego podría evitar que los consumidores se beneficien de las mejores ofertas del mercado, lo cual iría en contra de la propia Ley de Telecomunicaciones que regula la industria, cuya intención es ‘proteger el interés público por encima de los intereses particulares de las empresas privadas que forman parte del mercado de las telecomunicaciones’./p
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En el proyecto de ley 1370, creado por el senador Ramón Luis Nieves y que ahora se discute en vistas públicas en la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios, Comercio, Industria y Telecomunicaciones de la Cámara de Representantes, se establece que la incursión en el mercado de entidades gubernamentales distorsiona el mercado en el cual compite la empresa privada, debido a que no pagan contribuciones, pueden utilizar infraestructura de su matriz a precio descontado o ningún costo y pueden ser subvencionadas directa o indirectamente./p
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El ingeniero José Casillas, presidente de PrepaNet, se defendió con la aclaración de que su empresa no paga contribuciones al Estado puesto que todas sus ganancias se quedan en el Gobierno al ser una subsidiaria del mismo./p
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Además, explicó que no existen estándares ni ‘market rates’ sobre el precio que debe pagar un proveedor de telecomunicaciones a su suplidor, que incluso tiene la obligación de ofrecer a sus clientes tarifas basadas en costos, lo cual dificulta probar que se les esté ofreciendo la infraestructura a un costo abaratado./p
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En cuanto a la posibilidad de que la AEE, en calidad de empresa matriz de PrepaNet, subvenciona de forma directa o indirecta las operaciones de su subsidiaria, Casillas aclaró que la exención contributiva que reciben se basa en el apoyo financiero que brinda la empresa a su matriz con el pago de dividendos, con la contratación de la Autoridad para servicios de instalación o construcción, y con el pago que se le hace por utilizar la infraestructura./p
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‘PREPANetworkshoy por hoy ofrece la infraestructura óptica más avanzada a nivel Isla y es pieza clave en el desarrollo de la estrategia de diversificación de ingresos de laAEE. Esta última genera ingresos del dinero del arrendamiento de la fibra óptica que le hace aPrepaNety de las ganancias generadas porPrepaNet[que] pasan al final del día al ente gubernamental’, añadió Casillas./p
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A su vez, Casillas se opuso a la prohibición de ofrecer servicios aldetal, ya que incluso a entidades gubernamentales como el Municipio de Manatí o la Policía de Puerto Rico, que ofrecen banda ancha, se les negaría la posibilidad desufragarseinternamente./p
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No obstante, el proyecto de ley ya aprobado en el a href=’http://www.noticel.com/noticia/182908/senado-prohibe-que-corporacion-insolvente-venda-servicios-de-internet.html’ target=’_blank’Senado/a establece que las ‘ventajas competitivas’ de las que gozan las entidades ancladas en el Gobierno ‘podrían provocar la distorsión de un mercado que está operando en Puerto Rico de manera eficiente, con el efecto adicional de desalentar las inversiones multimillonarias que aporta la industria de telecomunicaciones a la economía de Puerto Rico’./p
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No obstante, el Departamento de Justicia, representado por su asesora legal Huldalí Figueroa, agregó que prohibirle a corporaciones gubernamentales competir en el mercado reduciría los fondos que pueden llegar a las arcas de un Gobierno maltrecho y un país en crisis económica./p
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