De aprobarse el proyecto de Revitalización de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), no sólo se permitiría a la agencia continuar tomando prestado para pagar la deuda, sino que tambien crearía una corporación con la capacidad de manejar las tarifas de luz según sea necesario para cumplir con los bonistas.

El proyecto a verse hoy en la Cámara de Representantes ‘marginaría la intervención del ciudadano consumidor’, aseguró el obispo Felipe Lozada, de la Mesa de Diálogo Energético. Mientras tanto, el representante Manuel Natal Albelo advirtió en su red social Facebook que el proyecto en sí no propone un aumento en la tarifas pero cuestionó qué pasaría si esta nueva corporación no puede cumplir con los bonistas.

‘Se puede permitir que aumente la tarifa para poder pagarles como quiera’, concluyó. Y es que aunque esta propuesta liberaría a la AEE de un 15 % de su deuda, también garantiza el pago del restante 85% de los bonos a los acreedores que ya lo negociaron.

‘En ningún lugar del proyecto se favorece un aumento automático, sin embargo si se garantiza que los bonistas van a recibir su pago, no importa qué, y los ingresos de la AEE se pueden ver afectados, porque la gente no está consumiendo tanta energía como antes, esa diferencia entre los gastos e ingresos se tienen que sacar de cualquier lugar’, dijo el representante.

Según Tomás Torres, del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, el proyecto propone que la Comisión de Energía, ente que actualmente evalúa y establece los cargos o ajustes en las tarifas, ‘se limitará a la exactitud matemática de la metodología para el cálculo del Cargo de Transición inicial o el Mecanismo de Ajuste’. Esto significa que la Comisión no podrá influir directamente en el establecimiento de los cargos.

Todos coinciden en que la factura aumentará independientemente del resultado de la votación de hoy en la Cámara.

Otra bandera de alerta levantada por el representante Natal Albelo es que en caso de que la AEE no pueda cumplir con el pago a los bonistas, ‘nos sometemos a la jurisdicción de Nueva York’ y ya no a tribunales boricuas.

Además la coalición Mesa de Diálogo Energético, aseguró que el proyecto de ley salta etapas esenciales para la transformación del sistema eléctrico del país y ‘compromete indebidamente el interés público ante el interés de los acreedores’, por lo que insistieron en que la legislatura debería detenerlo.

También cuestionaron otros puntos de la propuesta, como la disposición que establece que la Comisión no podrá requerir materiales o información adicional a lo dispuesto en la ley, coartando así el acceso a información. También vieron como ‘píldora venenosa’ que el perito financiero a consultar como parte de la reestructuración será elegido por ‘quien prepara la resolución, o sea, la corporación nueva, los bonistas’. Además, ‘la cantidad a ser titularizada, la deuda vieja que se va a comprar es confusa’, explicó Torres, también parte de la Mesa.

Es por ello que la coalición compuesta por académicos, líderes religiosos, ambientalistas, representantes de consumidores y del sector comercial, presentaron sus recomendaciones el viernes en una conferencia de prensa frente al Capitolio. Sugirieron que el primer paso debe ser completar el proceso de Revisión del Plan Integrado de Recursos, un trabajo ya comenzado por la Comisión de Energía que busca evaluar a profundidad las necesidades de la AEE y que deberá estar finalizado el 28 de marzo.

Torres explicó que el próximo paso ‘lógico’ es realizar un proceso de reestructuración tarifaria, y finalmente ‘completar el proceso de reestructuración operacional y financiera’ de la agencia. Sin embargo, aseguraron que la propuesta ya aprobada en el Senado comienza por esta última etapa, obviando un análisis exhaustivo y ‘responsable’ de la situación.

Mañana se cumple el plazo establecido por la gerencia de la AEE y la mayoría de los acreedores para que la medida se convierta en ley. Aunque no han asumido públicamente una oposición al proyecto, ha trascendido que también los representantes populares Luis Vega Ramos, Javier Aponte Dalmau, y Luis Raúl Torres tienen varias objeciones y preocupaciones. De éstos oponerse, la medida no contaría con los 26 votos requeridos para su aprobación dado a la oposición de la delegación del Partido Nuevo Progresista.