Aunque la organización civil Espacios Abiertos reclamó el ‘derecho del pueblo a conocer el punto de vista sobre el tema de acceso a la justicia’ de los nominados al Tribunal Supremo de Puerto Rico, la jueza presidenta del Alto Foro, Maite Oronoz Rodríguez, dejará preguntas importantes de este tema en el aire luego de que fuera confirmada por descargue a votación en el Senado.

Tras la confirmación, Oronoz Rodríguez aseguró que hubiera preferido tener un diálogo abierto con el Senado, pero agradeció la confianza que la mayoría parlamentaria expresó mediante voto el lunes, y en otras instancias se ha expresado dispuesta a responder preguntas sobre el acceso a la justicia en algún foro.

Sin embargo, la ciudadanía continuará sin detalles de su experiencia en representación o asistencia legal a personas o comunidades pobres y marginadas en asuntos civiles, representación o asistencia legal a personas pobres en asuntos criminales, trabajo comunitario o trabajo legal pro bono de cualquier naturaleza, tal como sugirió la portavoz de Espacios Abiertos, Ariadna Godreau. Tampoco se conocerá si la nueva Jueza Presidenta cree que deba existir el derecho a la representación gratuita y accesible en casos civiles.

Asimismo, la organización pidió saber si al hacer su análisis para emitir decisiones como Jueza Presidenta incorporaría un criterio que le ayude a determinar el impacto de las mismas en las personas de bajos ingresos y si incorporaría un criterio que ayude a determinar el impacto de medidas que aumenten los costos de procesos judiciales.

Por otro lado, el candidato a senador por acumulación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, criticó la confirmación porque ‘Este tipo de prácticas lo que hacen es abonar a la politización ya existente en la Rama Judicial. El mero hecho de que el nombramiento a juez o jueza dependa de un gobernador, es anticuado y anti democrático de por sí, pero lo que es peor, es que entonces el escrutinio al que se deba someter en este caso la nominada, se pase por alto porque precisamente dicho escrutinio queda al arbitrio de un cuerpo legislativo dominado por un partido político. En tiempos que existen reclamos de mayor transparencia y participación ciudadana, resulta ofensivo que todavía respondamos a un sistema parecido a la época medieval’.

Dalmau recordó que el PIP ha planteado y presentado legislación encaminada a establecer un sistema de Carrera Judicial para que los miembros de la judicatura sean seleccionados a base de un sistema de méritos, de acuerdo a sus ejecutorias y aportaciones a la profesión legal.

‘En la propuesta del PIP y la que definitivamente forma parte de la legislación que presentaré en el Senado, todos los sectores que tienen alguna conexión con la profesión legal, son los que nominan las y los candidatos a pertenecer a la Judicatura. Los nombramientos de jueces y fiscales se tienen que ajustar al siglo 21’, puntualizó.

Recientemente, un grupo de legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) radicó una medida dirigida a enmendar la Constitución de Puerto Rico para que el juez presidente del Supremo sea escogido por los demás jueces del alto foro.

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