Implantar un mecanismo de ley que revierta la tendencia institucionalizada hacia mantener deficit y endeudamiento y no aprovechar los tiempos de bonanza para pagar la deuda es un elemento clave que si no se instituye en la política pública del gobierno de Puerto, poco podrá hacerse con meramente reducir y reestructurar la deuda.

Así lo expresó el exministro de finanzas de Chile, Andrés Velasco, en su presentación como parte de un evento organizado por el Centro para la Nueva Economía (CEN), celebrado ayer en Washington DC.

Basándose en su experiencia como el principal funcionario económico de Chile de 2006 al 2010, recomendó el establecimiento de una regla fiscal que tome en cuenta indicadores económicos para regir las acciones de endeudamiento y reducción de déficit, aminorando el efecto de decisiones populistas de los administradores públicos que socavan la salud del erario. Las ventajas de este método son su facilidad de implementación y comunicabilidad por lo que puede ser abiertamente monitoreado por los ciudadanos. Sin embargo, la publicación eficiente de las estadísticas económicas que sirvan como base de la regla así como su manipulabilidad son retos a considerar.

Sobre la posible reestructuración de la deuda en Puerto Rico y el establecimiento de una junta fiscal, Velasco se mostró a favor siempre y cuando se mantenga la autonomía del Gobierno de Puerto Rico y sean los oficiales electos quienes determinen a qué velocidad se pagará la deuda. Señaló que actualmente en Puerto Rico es posible que no existan funcionarios suficientes con el ‘expertise’ necesario para realizar esta maniobra económica eficientemente. Según Velasco, una junta fiscal sería el mecanismo para iniciar el establecimiento de la regla fiscal que propone y que vaya educando a los funcionarios locales para que eventualmente se implemente y continúe autónomamente.

El presidente del CNE, Miguel Soto Class, coincidió que en las discusiones a nivel congresional sobre la implantación de medidas legislativas que atiendan el problema de acceso de los mercados y pago a los bonistas de Puerto Rico no se ha atendido la propuesta de implantar una ley de responsabilidad fiscal a nivel local. ‘Lo que Puerto Rico necesita es una solución que acepte y acoja la reconstrucción de nuestras instituciones fiscales para un progreso duradero. Una junta de control caída del cielo no necesariamente atenderá el problema de fondo, y las raíces de nuestros problemas actuales permanecerán’.

En el panel ante el National Press Club en Washington, DC participó también el comisionado residente, Pedro Pierluisi.

‘Me opondré firmemente a cualquier legislación en la que los miembros de una junta independiente, designados por el gobierno federal, suplanten en vez de asistir a los funcionarios electos de Puerto Rico. Es posible elaborar una legislación que le dé garras a la junta, que la faculte para establecer y hacer cumplir métricas fiscales, sin tener que hacerlo de una forma que viole los principios básicos de autogobierno,’ dijo.

Argumentó que una junta ‘cuidadosamente calibrada’ legislada a nivel federal y reglas prudentes de responsabilidad fiscal promulgadas a nivel local, deben considerarse como opciones paralelas, complementarias y que se refuerzan mutuamente.

‘Los funcionarios de Puerto Rico tienen que ser más disciplinados respecto a la formulación de presupuestos y políticas fiscales y, si lo hacemos, la junta será redundante en poco tiempo y se disolverá, tal como lo fue en el caso de la junta establecida para Washington, DC, en el 1995’, expresó Pierluisi.