Funcionarios de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) se exponen a multas, cárcel y a perder el acceso a contratos, concesiones y prestamos federales si no cumplen con la orden de cese y desista emitida por la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en ingles) el pasado mes de febrero por los trabajos que lleva a cabo como parte del proyecto Paseo Puerta de Tierra.

El director de la División del Caribe de Protección Ambiental de la EPA, José C. Font, ordenó que la ACT junto al desarrollador Del Valle Group cesen y desistan de las descargas de escorrentías con contaminantes hacia el Océano Atlántico.

El pasado 17 de febrero de 2016, la EPA recibió la alerta de parte de la comunidad por lo cual realizó una inspección del lugar confirmando las denuncias de que la ACT no estaba cumpliendo con los requerimientos del Clean Water Act (CWA). La inspección reveló que Carreteras estaba llevando a cabo descargas de contaminantes al agua y realizando actividades de remoción y nivelación de terreno sin las debidas prácticas de estabilización.

Ya en marzo de 2015, la agencia federal había realizado una vista ocular en el lugar y hecho señalamientos de que la Autoridad de Carreteras debía cesar descargas de contaminantes al océano, paralizar las actividades de excavación y nivelación de terrenos; y someter un plan de cumplimiento de medidas de estabilización del terreno y control de la erosión. Fue entonces cuando la ACT entregó un informe a la EPA en junio de ese mismo año asegurando el cumplimiento y correción de los señalamientos de la agencia federal.

Según advierte la reciente orden, los hallazgos de febrero de este año son punibles bajo las disposiciones del CWA que establecen multas de $25 mil diarios cuando se actúa negligentemente, y de $100 mil diarios cuando se actúa intencionalmente. Además, una certificación falsa de estar en cumplimiento con las disposiciones del CWA conlleva multa de $10 mil y/o pena de hasta dos años de cárcel.

Será necesario que tanto la ACT como Del Valle Group presenten a la EPA una certificación de cumplimiento con las prácticas de estabilización y remoción de terrenos, cesen las descargas al océano, y sometan reportes mensuales de progreso acreditando las medidas que tomen para cumplir con la ley federal.

Tras la publicación de esta información, la portavoz de prensa de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Sheysa Ojeda, informó a NotiCel que ‘son dos proyectos aparte con contratistas distintos. Ese derrumbe ocurrió hace algún tiempo, Carreteras lo comenzó a trabajar y AFI reconstruirá la acera que pasa por ahí. Hasta que Carreteras no termine no se puede reconstruir la acera’.

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