Tras la decisión del Tribunal de Apelaciones de revocar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Salinas de declarar inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Armas, la Corporación para Asistencia Legal para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) se apresta a dar la batalla contra la postura del Estado.

Según el director de la división legal de CODEPOLA, licenciado Oscar Acarón, la organización no ha descartado ninguna opción. ‘Los licenciados Sandoval, Jiménez y yo nos habremos de reunir esta semana para tomar una decisión y saber cuál será el curso a seguir, pero definitivamente esto es una causa de acción que no se va a quedar en este nivel. Eso va más allá de la Segunda Enmienda, implica la necesidad de respetar los derechos constitucionales de los puertorriqueños’, dijo.

Por su parte, el presidente de CODEPOLA, Ariel Torres, hizo un llamado a las personas que tengan su licencia de armas. ‘Vamos a dar la batalla, estamos en un momento histórico. Por los derechos no hay que pagar, por qué hacerlo con una licencia de armas? Hacemos un llamado a todo aquel que tenga licencia de armas que se una a nuestro esfuerzo. Cuando en el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmaron el derecho al matrimonio ‘gay’, el Gobernador no titubeó y 15 minutos después estaba firmando una orden autorizando el matrimonio gay en Puerto Rico. Ese mismo Tribunal Supremo que determinó eso, determinó que la tenencia de armas es un derecho fundamental que cubría a los estados y a los territorios. El Gobernador parece que esa no la vio’, expresó Torres.

El licenciado Acarón difirió de la opinión suscrita por el panel de jueces del Apelativo Roberto Sánchez Ramos, Germán Brau y Abelardo Bermúdez, en cuanto a la apreciación del argumento esbozado por el Estado de que existe un interés importante en velar por la seguridad pública cuyo fin se logra de forma razonable manteniendo en vigor la Ley de Armas como al presente.

‘La realidad es que en Puerto Rico tenemos una estadística de muertes violentas a razón de 24 en 100 mil. Si la ley es tan maravillosa ante los ojos del gobierno, nuestra estadística debiera ser cero. Somos el bochorno de la nación en dos aspectos: no hemos entendido que la ley no sirve y tampoco tenemos los pantalones para decir efectivamente que estamos infringiendo sobre los derechos de los puertorriqueños’, insistió Torres.

Sobre el reconocimiento de legitimación solamente a quienes tienen licencia de armas, el abogado de CODEPOLA argumentó que son precisamente las personas que no han podido obtener una licencia de armas quienes pueden llevar la acción alegando una violación de sus derechos fundamentales. ‘Es una contradicción que se le haya negado legitimidad a los que no han podido sacar su licencia’, sostuvo.

El licenciado Acarón distinguió la legislación local de las existentes en otras jurisdicciones como Massachusetts, la ciudad de Nueva York o California, conocidas por sus restricciones del uso legal de armas de fuego. ‘Todas estas legislaciones restrictivas poco a poco han ido cayendo. Solo quedan en algunos lugares que pasa lo mismo que aquí, que por una cuestión política esas jurisdicciones se han mantenido con unas legislaciones sumamente fuertes. Aquí se está argumentando un aspecto que es distinto a las demás jurisdicciones: el asunto de la licencia. Cuando el Estado quiere convertir un derecho en delito, le impone el requisito de una licencia para ejercerlo. Es algo inconcebible pensar que es necesaria una licencia para ejercer un derecho fundamental’, agregó.

‘Nosotros estamos atrás y se nos ha estado tratando como ciudadanos de ínfima categoría desde hace mucho tiempo. No puedo concebir cómo el Estado reclama que somos menos que los demás ciudadanos de la nación para conferirnos menos derechos, es absurdo’, concluyó Acarón.