Despues de que su presidente, Rob Bishop, visitara la Isla hace dos semanas para reunirse con sectores políticos y empresariales, el Comite de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal tuiteó su hoja de ruta para atender la crisis fiscal de Puerto Rico.

Sí, como leyó, lo tuiteó.

Las publicaciones se registraron el viernes pasado y ocurren también después de que el emisario del presidente cameral Paul Ryan, Jim Sensenbrenner, tuviera también reuniones similares la semana pasada en las que, según asistentes, adelantó que la legislación que se propondría sobre Puerto Rico no sería simpática. Sensenbrenner es un mentor político de Ryan.

Según los tuits, las cifras que la legislación buscará ‘mejorar’ son: $70,000 millones en deuda (lo cual deja fuera la deuda de los sistemas de retiro), 12.2% de desempleo, 45% tasa de pobreza, 30% de deuda en manos de retirados y residentes de Puerto Rico, 15% de deuda en manos de retirados estadounidenses, y 3.5 millones de ciudadanos americanos (sin distinguir si se refiere a residentes de la Isla o a puertorriqueños en otros estados).

El diagnóstico es de: infraestructura energética atrasada, la generación eléctrica en manos del gobierno (lo que apunta directamente a la permanencia de la Autoridad de Energía Eléctrica como corporación pública), política regulatoria federal opresiva (lo cual podría apuntar a las leyes de cabotaje), problemas sistémicos en contabilidad y finanzas públicas, ‘años de irresponsabilidad fiscal’, falta de transparencia y de rendición de cuentas.

Luego, en un tercer tuit, revelan que su ‘camino adelante’ para Puerto Rico sigue esta ruta: junta de supervisión ‘fuerte’, estados financieros auditados, reestructuración de deuda voluntaria (lo cual confirma que el paquete no incluirá el restablecimiento en la Isla del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras), ‘reforma gubernamental y responsabilidad fiscal’, confianza de lo mercados, y ‘estabilidad económica y prosperidad a largo plazo’.

Fuera de estos mensajes y del testimonio del asesor del Departamento del Tesoro, Antonio Weiss, sobre el tipo de junta de control que esa dependencia del Ejecutivo federal favorece, no hay detalles oficiales sobre lo que contendría la respuesta congresional a la crisis de Puerto Rico que se supone se produzca este mes.

Ante esto, el gobernador Alejandro García Padilla pidió un ‘frente común’ en contra de una junta de control que reste poderes a las ramas políticas de Puerto Rico, a lo que se hizo eco uno de los llamados ‘disidentes’ del partido de gobierno, Luis Vega Ramos.

‘Tenemos que hacer un frente común para oponernos en los términos más firmes a la imposición de una junta de control fiscal que quiera gobernador desde afuera para beneficio de los fondos buitres y en detrimento de la gente de a pie… Esa junta no viene a administrar para Puerto Rico; sino quitarle dinero a los puertorriqueños y mandarlo a los bonistas’, sostuvo.

Según Vega Ramos este mecanismo responde al intenso cabildeo que desde el pasado año realizan en Washington los bonistas de Wall Street y los fondos buitres.

A continuación los tuits del Comité de Recursos Naturales:

Barely afloat with $70 billion in debt, the path towards long-term economic stability in

#PuertoRico is clear.

pic.twitter.com/N9h1K9S0Jf
— Natural Resources (@NatResources)

March 10, 2016

You’ve seen the debt

#PuertoRico faces, now learn how the island got here and what we’re working to solve.

pic.twitter.com/kISKpoWTKs
— Natural Resources (@NatResources)

March 9, 2016

With the goal of economic stability in

#PuertoRico, take a look at the numbers we’re aiming to improve.

pic.twitter.com/Ja3gfixbaL
— Natural Resources (@NatResources)

March 8, 2016

Vea también:

Gobernadores se convierten en meros administradores con una junta congresional