El regulador del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) lo declaró ‘insolvente’ en una evaluación de 2015 pero la Administración García Padilla no se ha movido todavía a lo que procede en ley, que es solicitar a los tribunales un síndico para operar la principal institución financiera del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias y municipios.

La revelación está contenida en la decisión del juez federal José A. Fusté en la que declaró inconstitucional el impuesto sobre ‘transfer pricing’ que impugnó la multinacional Walmart.

El BGF no había sido examinado por su regulador, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financiers (OCIF), desde 2007 y, desde 2013, se habían resistido a los intentos de dicha oficina por realizar una nueva evaluación de liquidez, la cual se hizo a regañadientes en 2015.

El comisionado Rafael Blanco Latorre encontró que el BGF no estaba registrando apropiadamente compromisos prestatarios por $1,000 millones que no tenían financiamiento, ni $1,300 millones en cartas de crédito pendientes. Además, y mediante sobreestimar los ingresos que recibiría del Departamento de Hacienda, la entidad alcanzaría un menoscabo en su liquidez de negativo $1,348 millones para junio de 2016.

Según la prueba vertida en el caso, el secretario de Hacienda conoce esto y está de acuerdo con el problema extremo de liquidez en el BGF pero no activa su poder de colocarlo en sindicatura por la posibilidad de que se limite el acceso a las cuentas que mantienen allí decenas de dependencias públicas y municipios, con el posible efecto que esto tenga en los servicios públicos. Al 1 de julio de 2015, el BGF mantenía 96 cuentas gubernamentales.

Cuando la semana pasada NotiCel le cuestionó al gobernador Alejandro García Padilla sobre la alternativa de someter el banco a sindicatura, éste se limitó a decir que ‘[e]s un tema muy importante y lo menos que haremos es desarrollarlo a través de rumores’.

La información expuesta en la decisión evidencia que en la Administración García Padilla la insolvencia del BGF no es materia de rumor sino de hallazgo formal del regulador.

Blanco Latorre rehusó abundar sobre esto advirtiendo sobre la naturaleza confidencial de su evaluación de liquidez. ‘Más allá de sostener lo que dice ese informe, no haré comentarios adicionales’, indicó. ‘El juez tuvo acceso al informe, aunque yo no fui depuesto ni participé en ese juicio. Las conclusiones a las que se llegó en ese informe, me reitero en ellas’, dijo.

La presidenta del BGF, Melba Acosta, intentó infructuosamente a principios de año evitar su divulgación en el proceso de descubrimiento de prueba solicitado por Walmart, alegando que podría ‘resultar en confusión para los acreedores del Estado Libre Asociado y el BGF, los mercados de deuda de capital y el pueblo de Puerto Rico, teniendo un impacto negativo en la posición financiera del BGF y las posibilidades de recuperación financiera del Estado Libre Asociado’.

Pero el informe se produjo bajo una orden de protección que garantiza su confidencialidad excepto cuando es materia de la expresión oficial del tribunal, como lo fue en este caso.

Decisión de juez federal José A. Fusté sobre impuesto a Walmart – NotiCel_18204