En la mañana de hoy, lunes, se llevó a cabo en Washington D.C. una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir la deuda pública de Puerto Rico y su efecto en los derechos de los ciudadanos residentes en la Isla.

La directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos, Annette Martínez, en representación de unas 42 organizaciones comunitarias, denunció la violación de derechos sociales, económicos y culturales de los puertorriqueños como consecuencia de la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico y la no inclusión de la sociedad civil en los debates sobre cómo afrontarla.

‘Hasta ahora, la discusión de pagar o no la deuda se ha dado sin que se tomen en cuenta los principios y estándares internacionales de derechos humanos sobre deuda pública,’ indicó.

Además, se denunció la falta de transparencia en la gestión gubernamental. ‘En Puerto Rico no existe una política de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas en la elaboración de estrategia económica. La negligencia fiscal es consecuencia directa de la falta de transparencia y el obstáculo al cuestionamiento respecto a la eficiencia del gasto público,’ declaró la abogada Natalia Ramírez. Como ejemplo, subrayó que la política de opacidad prevaleciente permite que el gobierno prepare presupuestos desvinculados con la realidad de gastos.

La suspensión de convenios colectivos, la desvalorización de los derechos laborales, despido de empleados públicos y la disminución en las pensiones de los jubilados fueron los efectos enumerados por la presidenta de la Unión de Empleados del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), María Teresa Rodríguez, como muestra de las políticas fiscales violatorias de los derechos de los trabajadores puertorriqueños.

Rodríguez señaló que tanto las mujeres como los trabajadores de mayor edad han sido los grupos más afectados negativamente por las medidas de austeridad implantadas en la pasada década. La presente administración ha declarado un nuevo estado de excepción que hace inoperante el derecho constitucional a la negociación colectiva y otros derechos adquiridos en luchas sindicales por décadas. Estimó en unos mil millones el impacto en la clase trabajadora del sector público del país.

Mientras, la exasesora de Fortaleza,Ataveyra Medina, criticó el plan de consolidación de escuelas como un golpe al derecho a la educación.

‘El cierre de escuelas unido a la interrupción del transporte escolar por falta de pagos viola el derecho al acceso a la educación de estudiantes bajo nivel de pobreza, especialmente en zonas rurales y apartadas. El magisterio, compuesto mayormente por mujeres, enfrenta la insolvencia de su sistema de retiro, el éxodo a otras jurisdicciones con mejores condiciones laborales, el envejecimiento poblacional, falta de materiales, infraestructura inadecuada y plazas congeladas’, detalló.

De otro lado, el gasto per cápita en servicios de salud es de unos $3,065 para el 2014 y representa una tercera parte de la deuda pública. Nylca Muñoz, de la Alianza Salud para el Pueblo, expresó que el modelo actual de salud es insostenible e impuesto como consecuencia de la situación política de la Isla.

‘El complejo industrial de la salud que incluye a las aseguradoras solo asegura sus ganancias astronómicas a expensas de un sistema disfuncional ajeno a los derechos humanos’, aseguró.

La crisis fiscal representa una amenaza para la población de enfermos de VIH, enfermedades genéticas, beneficiarios de la Reforma de Salud y pacientes pediátricos. Como problemas de salud pública ambiental destacó la falta de sistema de acueductos en Guánica, la limpieza de la zona de tiro militar en Vieques, la falta de disposición adecuada de neumáticos en Peñuelas y la necesidad de dragado en el caño Martín Peña.

El grupo también señaló los efectos nocivos sobre el acceso a la justicia de la política de austeridad al dejar desprovistos a los sectores más vulnerables a la hora de defender su derecho a la vivienda.

Entretanto, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz González, reiteró la postura del Ejecutivo sobre la necesidad de reestructurar la deuda.

‘La situación fiscal en el país empeora cada día, colocando en peligro el ofrecimiento de servicios esenciales a la ciudadanía en áreas como la salud, seguridad, educación y bienestar en general, mientras el Congreso ofrece alternativas antidemocráticas que atentan contra el derecho de los puertorriqueños a autogobernarse’, aseguró.

‘Pese al reclamo activo al Congreso federal, las comparecencias a varias audiencias públicas ante el Congreso de Estados Unidos, las múltiples visitas de funcionarios del Estado Libre Asociado para exigir un trato justo y digno, la Rama Legislativa del gobierno federal no cumple con su obligación de actuar, lo que ha afectado dramáticamente la calidad de vida de todos los puertorriqueños’, indicó el funcionario.