Los partidarios de que Puerto Rico sea supervisado por una junta federal de control fiscal desde Washington, en el proceso de reestructuración de su millonaria deuda, han reunido más de 3,000 firmas en el portal de peticiones ciudadanas Change.org.

Esta iniciativa, impulsada por el economista puertorriqueño Gustavo Vélez, busca reunir al menos 5,000 firmas en apoyo de la imposición de una junta federal que controle la gestión económica y fiscal de Puerto Rico.

Hasta el momento, la iniciativa cuenta ya con 3,185 firmas y está previsto que el listado de los signatarios sea entregado al Congreso de Estados Unidos en Washington, donde estos días se ultima un borrador de legislación al respecto.

La exposición de motivos de la iniciativa que encabeza Vélez apunta que Puerto Rico enfrenta su peor crisis económica y fiscal desde la fundación del Estado Libre Asociado en 1952.

El economista subraya que la deuda pública de Puerto Rico ronda los 72,000 millones de dólares, que fue degradada a categoría ‘chatarra’ en 2014 y que desde entonces no hay acceso a los mercados de capitales para seguir obteniendo fondos con los que financiar la actividad diaria del Gobierno y la devolución de la deuda.

Por ello, se justifica en la exposición de motivos, se solicita al Congreso de EE.UU. que habilite una junta de control fiscal que ‘asuma el control total de las decisiones fiscales y económicas necesarias para evitar el colapso de Puerto Rico’.

La Junta, continúa, sería un mecanismo transitorio y debería contar con la participación de organizaciones empresariales, profesionales y sindicales de la isla.

Vélez asegura que la naturaleza de la relación política, económica y jurídica de Puerto Rico como Estado Libre Asociado de EE.UU. impone ciertas debilidades y limita el campo de acción del Ejecutivo local.

El economista destaca que el Gobierno local no dispone de los instrumentos que tendría un país soberano para manejar el problema económico, como lo sería una devaluación de la moneda o el acceso a organismos financieros internacionales como el Banco Mundial.

Señala también que la crisis es de tal magnitud que los partidos políticos tradicionales tampoco tienen ‘la madurez institucional necesaria para poder llegar a los consensos que requerirán las reformas estructurales que la economía necesita para superar el actual nivel de estancamiento’.

Por todo ello apuesta por una junta de supervisión fiscal que en su opinión deberá implementar una reforma del aparato gubernamental, que reduzca el tamaño del gobierno, contenga el gasto público e impulse una verdadera reforma contributiva.

Vélez no cita en ningún momento que la junta deba contar con la participación del Gobierno o cámaras legislativas locales y se limita a señalar que se precisa de la participación de organizaciones empresariales, profesionales y sindicales de la isla.

La imposición de una junta, sin embargo, es rechazada desde amplios sectores de la sociedad puertorriqueña, empezando por el Ejecutivo, con el gobernador Alejandro García Padilla a la cabeza.

Tras filtrarse semanas atrás el borrador de normativa sobre la reestructuración de la deuda y la puesta en marcha de la junta que preparar la mayoría republicana en el Congreso en Washington, García Padilla rechazó la medida por entender que atenta contra la soberanía del Estado Libre Asociado.

Tanto él como otros miembros de su Ejecutivo han hecho público desde entonces que no aceptarían una junta con competencias superiores a la del gobernador y las cámaras legislativas.

Para presionar en esa dirección, una delegación encabezada por el propio García Padilla permanece desde el lunes en Washington.

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense celebrará mañana una vista pública para dar a conocer el contenido del texto. A la sesión, en principio, no ha sido invitado para intervenir ningún miembro del Ejecutivo puertorriqueño.

Se cree que un adelanto del contenido del texto podría incluso darse a conocer en las próximas horas.

El Gobierno de Puerto Rico propuso el lunes una nueva oferta a sus acreedores para el pago de la deuda con mejores condiciones de las propuestas previas, según medios estadounidenses.

La nueva oferta incluiría el pago de más de 1,850 millones de dólares al año a los acreedores de sus corporaciones públicas, por encima de la oferta anterior de 1,700 millones de dólares.