Luego de una extensa litigación de más de 37 años, hoy, miercoles, la Corte Federal en Puerto Rico anunció que las partes llegaron a un acuerdo de transacción en el caso Morales Feliciano, incoado como un pleito de clase por los confinados debido a las condiciones infrahumanas que han imperado en las cárceles del país.

Tomando en cuenta la crisis fiscal gubernamental, el acuerdo dispone beneficios no monetarios para los miembros de la clase, quienes están divididos en grupos según el momento en el que fueron encarcelados.

El grupo acreedor de mayores beneficios es el Grupo A, compuesto por confinados que hayan sido encarcelados desde el 1980 hasta el 1987, quienes tendrán derecho a beneficios por un periodo de diez años. Le siguen en orden de compensación el grupo B, compuesto por reclamantes encarcelados desde el 1988 hasta el 1994, quienes recibirán beneficios por cinco años. Los confinados encarcelados desde el 1995 hasta el 2000, conforman el grupo C y recibirán beneficios por un año, al igual que el grupo D1 de confinados encarcelados después de 1980 pero antes de 1987 por menos de seis meses pero más de 48 horas.

Los confinados encarcelados después del 1987 por menos de seis meses pero por más de 48 horas recibirán beneficios por seis meses. Los demás reclamantes que estén en la cárcel al presente recibirán los beneficios de acuerdo a su fecha de ingreso según los grupos descritos anteriormente. De esta forma se transa el caso más longevo del sistema judicial federal.

Según un comunicado de prensa emitido por la Corte Federal, entre los beneficios disponibles a los miembros de la clase se incluyen estudios profesionales y educación continuada a través de 11 de los recintos de la Universidad de Puerto Rico; acceso a programas de educación postsecundaria en el Departamento de Educación de Puerto Rico; acceso a cursos especializados para el desarrollo del deporte y recreación; ayuda con materiales de construcción y un programa de rehabilitación de viviendas a través del Departamento de la Vivienda.

‘Se ofrecerán otros beneficios por parte del Departamento de Salud, Compañía de Parques Nacionales, Administración Metropolitana de Autobuses, Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Departamento de Estado, Oficina de Gerencia y Presupuesto, Departamento de Agricultura y el Departamento de Corrección y Rehabilitación’, reza el escrito.

Los reclamantes tendrán hasta el 15 de noviembre de este año para presentar su solicitud. Una vez aprobada la solicitud, se le entregará una tarjeta de identificación para que pueda reclamar los beneficios.

Para acogerse a los beneficios o para más información, puede acceder a www.tutarjetaabcd.com o comunicarse a la línea de teléfono, libre de cargos, 1-866- 774-3316 en el horario de 9 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes. Los formularios de reclamación estarán disponibles ‘en las bibliotecas de las instituciones correccionales, las oficinas de programas de comunidad y en las oficinas centrales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, las oficinas centrales de la Junta de Libertad Bajo Palabra y en las Oficinas del Procurador de Ciudadano. También estará disponible en las oficinas de relaciones con la comunidad de los municipios; Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce y Utuado’, concluye el comunicado.