Con visiones diametralmente opuestas, una asociación periodística y una organización de base comunitaria sentaron a sus portavoces uno al lado del otro para discutir la llamada Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación y la Información Pública.

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes celebró en la mañana de hoy, martes, su segundo día de vistas públicas para discutir el proyecto de ley 2944, que legislaría una estructura formal para solicitar información de dominio público en manos del Estado.

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) se opuso formalmente al proyecto, con una ponencia en la que denunció lo que considera 'términos y condiciones que dilatan innecesariamente el proceso', además de imponer 'onerosas responsabilidades' a ciudadanos interesados en cooperar con el Gobierno.

Por el contrario, el Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña, mejor conocido como el G-8, el cual agrupa a doce organizaciones de base comunitaria, respaldó el proyecto, por presentar 'herramientas para que los ciudadanos puedan llevar sus reclamos para una gobernanza transparente'.

El presidente de la ASPPRO, el periodista Juan Hernández, criticó que el proyecto de ley le reconoce al Estado 'la autoridad para controlar la información y la documentación pública', e incluso, amplía sus poderes creando nuevas instancias administrativas y dilatando los procesos.

'Ese ideal de acceso a la información queda derrotado con el mecanismo que provee este mismo proyecto, no es una solución real para la ciudadanía porque lo que establece es mayor burocracia', intervino la periodista Laura Quintero, miembro de la Junta de laASPPRO.

De igual modo, Hernández cuestionó la exigencia a 'funcionarios públicos sin remuneración' de que tuvieran que abrir expedientes sobre cada asunto que discutan, lo que para el periodista impondría una 'responsabilidad onerosa' a ciudadanos que se agrupen en organizaciones cívicas para resolver asuntos de la comunidad.

Sin embargo, el portavoz del G-8 y líder comunitario Mario Núñez, elogió la intención del proyecto de ley de 'establecer un programa de educación a la ciudadanía de sus derechos de acceso a la información' y la presencia de un defensor que auxiliara a los solicitantes de escasos recursos que apelen una decisión.

La mayoría de las preguntas del presidente de la Comisión, el representante José 'Conny'Varela, estuvieron dirigidas a laASPPRO, a quienes les diseccionó casi toda la ponencia. Ante preguntas sobre los términos para deliberar en los tribunales en comparación con la estructura propuesta y sobre los informes que someterían los oficiales dos veces al año, tuvieron interpretaciones distintas de lo que establece el proyecto.

Además, el legislador recalcó en varias ocasiones que este mecanismo legal sería 'otra vía' para que los ciudadanos puedan reclamar su derecho a la información.

Así repitió ante las objeciones repetidas de Hernández de que ya existe un mecanismo para denunciar un caso de falta de acceso a la información y es a través de los tribunales. Para personas con escasos de recursos, enumeró las clínicas de asistencia legal de las universidades, Servicios Legales, el Programa Probono del Colegio de Abogados y la Sociedad para la Asistencia Legal como foros a los cuales recurrir.

Aunque Núñez elogió la labor de estos cuerpos, coincidió con el representante Varela en que la Ley sería una herramienta más de acceso.

'A nosotros en nuestras comunidades del Caño Martín Peña, hemos tenido que acudir a clínicas para hacer declaraciones juradas, y eso conlleva que estas entidades identifiquen abogado, le asignen un turno para que vaya y se oriente... No lo vemos tan expedito, sí es un recurso valioso, pero no es tan expedito como lo han querido hacer ver aquí', dijo.

El Presidente de la ASPPRO también denunció que el proyecto está siendo auspiciado por el empresario George Soros, de origen húngaro, quien ha amasado una fortuna como parte del negocio de los fondos buitres, y las organizaciones en Puerto Rico que este financia, como el Centro de Periodismo Investigativo, Espacios Abiertos y el Centro para la Nueva Economía.

Afuera, ya acabada la sesión, la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, admitió que el Centro recibe fondos de Open Society Foundation, la organización de Soros, dato que han revelado desde el día uno en el portal del medio periodístico.

'Yo creo que realmente hay un poco de desinformación, de teorías de conspiración que es muy triste que sean esbozados por periodistas... De ninguna manera quiere decir que George Soros tiene alguna injerencia en el trabajo que hace el Centro, en las decisiones que toma, en los procesos de legislación en los que se involucra, en los trabajos editoriales ni en la elaboración del proyecto', aclaró Minet.

No obstante, Minet aseguró que la postura de la ASPPRO se ancla en una falta de entendimiento de la medida - a pesar de que los proponentes 'han tratado de establecer una conversación' - y a unos principios que hasta el momento no han sabido explicar en las reuniones que han sostenido.

'Muchos de los planteamientos que hizo la ASPPRO según se reflejó en el récord de la vista fueron premisas falsas o no fundamentadas en el proyecto de ley, no pudieron sustentarlas cuando les pedían que citaran los artículos específicos, en otros casos, no pudieron ofrecer ninguna evidencia', dijo.

También fuera de la sala, el portavoz de la Coalición Todos Somos Pueblo, padre Pedro Ortiz, coincidió con la ASPPRO en que el proyecto le otorga todo el control al Estado y que el mecanismo se propone de forma impositiva, sin consultar a otras organizaciones civiles.

Incluso, en su ponencia, Hernández alega que 'queda de manifiesto que este proyecto está hecho a la medida para favorecer los intereses particulares de quienes la proponen'. Las organizaciones Casa Pueblo, Abre Puerto Rico, Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ), el G-8 y el CPI, son las entidades que estarían a cargo de someter la lista de nombres para la terna de candidatos.

De la terna, el Gobernador elegiría dos miembros para una Junta Administrativa Revisora, a donde acudiría la ciudadanía para denunciar una denegación de información, así como el Defensor de la Información Pública, que representaría a los ciudadanos en un proceso de litigación.

Por su parte, el portavoz del G-8 expresó que serían cuidadosos en la elección de esos candidatos. Además, como respuesta a quienes han cuestionado el costo de dicha estructura, cuyo abogado presidente recibiría un salario de $90 mil anuales más dieta, Núñez opinó que el presupuesto sería 'mínimo' en comparación con 'los beneficios que tendría la ciudadanía' y por tanto, la erogación de fondos públicos sería 'justificable'.

*Nota editorial: El presidente y editor jefe de NotiCel, Oscar J. Serrano, es parte del grupo promovente del P. de la C. 2944.