La contralora Yesmín Valdivieso dio a conocer el martes una auditoría que revela diversas irregularidades relacionadas con los contratos de servicios profesionales y consultivos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), así como con informes anuales de la corporación que administra el Bosque de Adjuntas.

‘La auditoría desvela que por más de 10 años el DRNA no validó, corroboró, ni analizó los informes anuales, de gastos y transacciones presentadas en los estados bancarios por la corporación que coadministra el Bosque Estatal del Pueblo de Adjuntas, antes de realizar los desembolsos de 160,000 dólares anuales’, dijo Valdivieso en una declaración escrita.

Agregó que según el informe DA-16-37, al 6 de mayo de 2015 supuestamente se había desembolsado 1.6 millones de dólares, tras un acuerdo de 15 años entre el DRNA y dicha corporación formalizado el 3 de marzo de 2004. La información provista por la corporación era una general e impidió determinar si los gastos incurridos estaban relacionados con las actividades y funciones establecidas en el Acuerdo 2004-000632. Estas situaciones son contrarias a la Ley 230 de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico.

Sin embargo, Valdivieso dijo que la Contraloría se abstiene de emitir una opinión por carecer de información competente, suficiente y relevante sobre estas operaciones.

Entretanto, indicó que en el Comentario Especial se indica que un informe de la Oficina de Auditoría Interna del DRNA en el 2010, había cuestionado el uso de fondos públicos de 127,660 dólares del 2007 al 2010 a la mencionada corporación. Dicho informe recomendó entonces que el DRNA realizara una supervisión más efectiva y estableciera controles más adecuados.

La contralora dijo además que el informe señala también que el DRNA subcontrató cuatro compañías sin obtener la autorización escrita del Departamento de Educación (DE), para cumplir con lo estipulado en dos convenios sobre proyectos ambientales para maestros y estudiantes.

‘Para los proyectos Plataforma Verde Educa y Plataforma Verde Educa Fase II formalizados el 10 de febrero de 2011 por 1.7 millones de dólares y el 7 de marzo de 2012 por 2.3 millones respectivamente, el DE seleccionó al DRNA porque entendía que este departamento contaba con la preparación, capacidad, experiencia y recursos para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades que asumió en los convenios. La subcontratación por parte del DRNA es contraria al propio convenio que indica que los servicios contratados no pueden ser transferidos o cedidos a otra persona, ya sea natural o jurídica, sin previa autorización escrita del DE’, expuso la funcionaria.

Por otra parte, Valdivieso informó que la auditoría de 10 hallazgos señala que el DRNA realizó pagos por servicios que no formaban parte de contratos, realizó un desembolso a un contratista con un contrato incorrecto e incumplió con disposiciones sobre el reclutamiento de empleados cesanteados por la Ley 7-2009. Además, sin contar con las autorizaciones escritas por el DRNA, varios contratistas subcontrataron servicios, la supervisión de varios proyectos se delegó a otros contratistas, y el DRNA no suministró documentos justificantes de los servicios prestados.