El subsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Víctor M. Rivera Sierra, admitió que tiene serias dudas sobre la integridad del proceso de subasta que otorgó en 2011 el contrato para proveer y administrar el sistema de sistema de posicionamiento global (GPS) en los grilletes electrónicos utilizados por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) a la compañía Track Group.

‘Me preocupa mucho eso. Hemos podido detectar algunos documentos que señalan que esta compañía no reunía los requisitos para cumplir con este servicio y como quiera se le dio el contrato en 2011. Yo llevo solo cinco meses en esta posición, así que no sé los pormenores’, añadió, aunque no precisó qué requisitos no reunió la compañía al momento de su contratación.

Las expresiones del funcionario surgieron ante la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado en las vistas públicas el miércoles, tras la trágica muerte la semana pasada de una mujer de 35 años a manos de su pareja en un barrio de San Sebastián. El sujeto, quien era monitoreado con uno de estos aparatos, tuvo la oportunidad de atacar a su víctima cuando un retraso en la señal del GPS propició la ventana de tiempo necesaria para que cometiera el crimen.

‘Yo le recomiendo a esta Comisión que la investigación no se limite al hecho sino que se extienda desde la expedición de los pliegos de subasta y la adjudicación de la misma’, indicó Rivera Sierra.

El funcionario explicó que al momento de la contratación, la compañía Track Group, con sede en el estado de Utah, operaba bajo el nombre de Secure Alert. No obstante, en el contrato para el suministro de grilletes electrónicos y vigilancia activa (OSAJ 2011-000008),la compañía contratada aparece bajo el nombre deInternational Surveillance Services Corporation, representada por una persona identificada como José Armando Quiñones con residencia en el municipio de Dorado.

Entre los serios cuestionamientosque surgieron durante la ponencia del DCR ante la Comisión, se indagó sobre si estos sistemas cuentan con amplia cobertura en toda la Isla y qué ocurre cuando hay una avería en los sistemas de las compañías de celulares.

‘Nosotros sabemos si hay señal o no cuando le ponemos el grillete a la persona. Si vemos que no hay señal donde esa persona está, se le recomienda al Tribunal alguna dirección alterna para mudar a la persona a esa residencia. Puede ser la misma tarde como puede ser otro día. Si no es viable se le ordena que ponga una línea telefónica en su residencia para instalar el sistema análogo’, indicó por su parte el agente adscrito a OSAJ, Alberto Ortiz, aunque admitió que en el periodo mientras se le instala el servicio telefónico al imputado, este queda sin supervisión.

Las vistas del Senado fueron realizadas en virtud del Proyecto del Senado 1472, que propone enmendar la Ley 54 o Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica para evitar que incidentes como el del miércoles pasado vuelvan a ocurrir.

A preguntas de los legisladores, el funcionario no pudo especificar cuál fue la falla que propició el retraso (delay) de una hora en la señal de GPS que permitió que el individuo asesinara a su pareja. Sin embargo, indicó que se le pidió a la compañía que presentara un informe completo esta semana donde especificara la razón de tal retraso.

‘La compañía que ofrece servicios había rendido informe preliminar que no satisface las interrogantes del DCR así que nos pidieron más tiempo para hacer una investigación más profunda. Cuando hablamos de problemas, nos referimos a que el retraso surgía de algunos ocho o 10 minutos en un momento en específico. No es que había un problema continuo o recurrente. La compañía nos tiene que presentar un informe final esta semana’, explicó Rivera Sierra al señalar que el informe debe estar en el despacho del Secretario del DCR a más tardar este viernes.

‘En el caso de San Sebastián sí había señal ahí, lo que atrasó la alerta fue el ‘delay’ que tenía el sistema. Si hubiera la eventualidad de que hubiera problemas con los servicios de las compañías de celulares, nosotros contamos con la información de la persona, su dirección física, y se hacen visitas de supervisión. De surgir una situación de esa naturaleza tendríamos que activar un sistema contingencia dando seguimiento físico. Otra, es lo que decidimos hacer ahora mientras se resuelve el problema y es instalar un aditamento de radio frecuencia para tener mayores garantías’, añadió.

Los funcionarios insistieron en que el DCR puso en vigor un plan de contingencia para proveer mayor seguridad a las víctimas de violencia de género cuyos agresores son monitoreados con el sistema.

Durante la ponencia, trascendió que cerca de la 1:00 a.m. del miércoles, 8 de junio, el hijo de la víctima generó una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 para reportar los hechos. No obstante, no fue sino hasta pasada las 2:00 de la madrugada que personal adscrito al DCR generó la llamada a la Policía para reportar la situación. Se indicó además que la empresa que administra el servicio de monitoreo retransmitió la señal de alerta de salida del perímetro del imputado una hora después de los hechos.

No obstante, los funcionarios no entraron en los detalles de la investigación interna que realiza esa agencia ni sobre quiénes recae la responsabilidad de la negligencia ya que ‘ventilar las interioridades del caso en esta etapa tan prematura, podría incidir desfavorablemente en el resultado final de las investigaciones’.

Además de los funcionarios del DCR, a la vista pública fueron invitados a deponer la Policía de Puerto Rico y la Procuradora de la Mujeres, Wanda Vázquez, quien se excusó por compromisos previos. Se espera que este próximo lunes las vistas continúen con la ponencia de la Procuradora de la Mujer.

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