Una demanda para detener el aumento tarifario en la factura de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) fue sometida hoy, viernes, ante la consideración de la jueza Aileen Navas Auger del Tribunal de Primera Instancia de San Juan por parte de la Asociación de Jubilados y la Asociación de Empleados Gerenciales de esa corporación pública.

El interdicto sometido hoy se basa en dos argumentos principales. El primero de los argumentos de los demandantes, representados por el abogado Daniel Garavito Medina, expone que la Corporación para la Revitalización de la AEE no puede someter ante la Comisión de Energía del Senado una petición de revisión de tarifa ya que el capítulo 4 de la Ley de Revitalización de la AEE no ha sido debidamente validado por un tribunal como lo exige el estatuto.

En el segundo, el grupo demandante asegura que el contrato y la relación existente entre la AEE y la Corporación para la Revitalización es completamente ilegal.

Garavito Medina, no obstante, sostuvo que sus clientes no buscan impugna a Ley 4 o Ley de Revitalización de la AEE sino que defienden sus derechos constitucionales.

‘Lo que se está alegando aquí es que los peticionarios tienen derecho a que no se les expropie sus propiedad sin la debida remuneración’, indicó Garavito Medina.

‘Lo que la AEE pretende es imponer un cargo de transición a favor de esa corporación pública. No existe un vínculo contractual que obligue a mis clientes a pagar ese cargo. El Estado está expropiando su propiedad y en la medida que se hace sin justa compensación, se atenta contra los derechos constitucionales de mis clientes’, argumentó ante la Jueza.

No obstante, los abogados Víctor Candelario Vega, quien representó a la AEE, y María Trelles, en representación de la Corporación para la Revitalización, refutaron los argumentos asegurando que la Ley 4 ya había entrado en vigor desde el 16 de febrero luego de que fuera aprobada por el Ejecutivo.

También indicaron que la demanda presuntamente no cumple con los requisitos de un entredicho preliminar ya que no se habíaevidenciado ante la Corte que se estaba cometiendo daño contra los demandantes.

‘Lo que busca la causa de acción es impedir la aplicación de la Ley que fue válidamente aprobada’, acotó por su parte Candelario Vega.

‘La Ley lo que dice es que los interesados en impugnar la petición de la Corporación de una revisión de la factura ante la consideración de la Comisión de Energía del Senado, pueden hacerlo pero en un término determinado. Esta ley en particular limita el periodo de tiempo para personas que tengan ese reclamo y que objeten la constitucionalidad de la Ley’, añadió.

La Corporación para la Revitalización de la AEE presentará este próximo 21 de junio su propuesta de la inclusión de un cargo de transferencia en la factura de energía eléctrica ante la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos del Agua del Senado, presidida por Ramón Luis Nieves. Esta tendrá la responsabilidad de aprobar o desaprobar la petición.

El jueves, varios sectores empresariales de Puerto Rico, sometieron una ponencia conjunta ante ese organismo para que reconsidere la aprobación de esa alza en la factura.