La contralora Yasmín Valdivieso reveló el miercoles que una Auditoría de la Contralora de Puerto Rico revela desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación en las operaciones relacionadas con el presupuesto del Municipio de Ciales que acumuló deficits de 3.8, 5.6, 6.5 y 6.4 millones de dólares para los años fiscales del 2011 al 2014.

Estas cifras representaron un 33 por ciento, 47 por ciento, 54 por ciento y un 61 por ciento del total del presupuesto aprobado para los gastos de funcionamiento. Además, el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos reflejó sobregiros por 24 millones de dólares en nueve fondos municipales y se autorizaron obligaciones por 1.4 millones de dólares en 49 partidas presupuestarias sin contar con los créditos disponibles. Estas situaciones son contrarias a la Ley 81-1991, y afectan los servicios a la ciudadanía, el crédito con los proveedores y crean una situación precaria.

El Informe señala también, deficiencias en las 196 transferencias de créditos por 1.3 millones de dólares entre partidas presupuestarias que se realizaron del 2011 al 2015; entre otras, ausencia de las certificaciones de sobrantes, resoluciones no remitidas a la Legislatura Municipal para su aprobación o autorizaciones de transferencias de créditos sin una orden ejecutiva o resolución del Alcalde. Situaciones similares se habían comentado en el Informe de Auditoría M-14-08.

La auditoría de 11 hallazgos desvela que se utilizaron para propósitos no autorizados 3.7 millones de dólares de resoluciones conjuntas de la Asamblea Legislativa. Los fondos asignados para la canalización del Río Grande de Manatí en el sector Dos Ríos de Ciales (2.7 millones de dólares) y para la remodelación del Estadio Municipal del Pelota de Ciales (1 millón de dólares), se transfirieron en calidad de préstamo para cubrir nómina, gastos operacionales y deudas. El no cumplir con las condiciones acordadas en una resolución conjunta puede ser perjudicial y afectar asignaciones futuras.

Los auditores detectaron, que en 351 ocasiones se cedió de forma gratuita equipo pesado (bulldozers y un digger) a comercios y personas particulares que fueron operados por empleados municipales para limpieza de fincas y caminos privados contrario a las Ordenanzas 23 y 30. Otros hallazgos se refieren a la designación de una persona para ocupar, de forma interina el puesto de director de finanzas sin los requisitos para ocupar la misma, la vacante por 2 años y medio del puesto de Auditor Interno, y la falta de inventarios de la propiedad.

La opinión de la Contralora es parcialmente adversa y cubre el período del 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2015.