El director de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), Jose Perez Velez, le solicitó el miercoles, a la Autoridad de Energía Electrica (AEE), que acuda al Tribunal y radique una acción civil contra la empresa Petro West tras ser acusada por defraudar a la corporación pública y se le imponga una indemnización monetaria de hasta tres veces el daño determinado.

‘Tanto Petrowest, como todas las compañías que hayan incurrido en esas prácticas, deben hacerse responsables por sus actos y responderle al gobierno puertorriqueño. No podemos permitir, que estas compañías se lucren injustamente y sea el pueblo el que pague las consecuencias. Esta ley provee un mecanismo de indemnización que posibilita que el gobierno, por la vía civil, recupere los fondos públicos que hayan sido menoscabados como producto de la comisión de acciones u omisiones ilícitas en menoscabo del erario. A Petro West le correspondería devolverle a la AEE unos 30 millones de dólares’, explicó Pérez Vélez en un comunicado de prensa.

Pérez Véle, hizo las expresiones tras la acusación del Departamento de Justicia contra el presidente de Petro West, José González Amador. La acusación responde a hallazgos de la Comisión Especial del Senado que investiga la compra de combustible en la AEE, la cual identificó mediante vistas públicas que la compañía Petrowest sobrefacturó en contribuciones municipales unos 10 millones de dólares a esa corporación pública por la adquisición de combustible.

Dijo que según establece la Ley Número 36-2001, ‘en función de la política pública de proteger los haberes del Pueblo y evitar que cualquier persona se lucre de su actividad ilegítima, se autoriza que la acción civil del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en petición de una indemnización por el menoscabo económico sufrido en su erario debido a las acciones ilícitas de personas, pueda ser a los efectos de reclamar hasta el triple del daño inmediato causado al erario mediante su actuación u omisión negligente, culposa o ilícita’.

‘Tal y como se menciona en dicha Ley, el gobierno tiene a su disposición soluciones legales para recuperar los fondos públicos que se hayan perdido o desviado a causa de actos ilícitos cometidos por compañías como Petrowest. La Autoridad de Energía Eléctrica debe emprender la acción legal en contra de esta compañía, y de cualquier otra, que se haya beneficiado a expensas del pueblo de Puerto Rico’, afirmó Pérez Vélez.

El funcionario indicó que la OIPC es un organismo que representa y defiende los intereses de los consumidores de los servicios energéticos y vela por el fiel cumplimiento de la leyes para devolverle la confianza al pueblo en sus instituciones de gobierno, por lo que aseguró que si la AEE no toma acción, dará instrucciones para que su oficina acuda al Tribunal y reclame el dinero que le corresponde al pueblo.