Los titulares puertorriqueños de bonos de la isla se reunirán este lunes para conocer cómo puede afectarles la imposición de una junta federal de control fiscal que ayude a reestructurar la deuda y que opciones tienen ante el previsible impago del Gobierno.

La recién creada agrupación de Bonistas del Patio ha convocado a sus integrantes para celebrar el primer Encuentro de Bonistas de Puerto Rico, una jornada en la que se celebrarán una serie de conferencias con todos los sectores involucrados en la actual crisis económica y fiscal de la isla.

Se calcula que en Puerto Rico hay más de 60,000 personas que tienen bonos de deuda del Gobierno de la isla por valor de cerca de 15,000 millones de dólares, una parte significativa de los 70,000 millones emitidos en total por las diferentes administraciones y entidades públicas locales.

‘Este evento será una magnífica oportunidad de educación y orientación para todos los tenedores de bonos de Puerto Rico’, dijo Jorge Irizarry, director ejecutivo de Bonistas del Patio.

En la reunión se discutirá sobre la situación actual tras la aprobación por parte de la Cámara federal de Representantes del proyecto de Ley conocido por el acrónimo de ‘Promesa’ y ‘las consecuencias directas que tendrán las decisiones que se están tomando a nivel federal sobre los puertorriqueños’, dijo Irizarry.

El citado proyecto de Ley, que aún debe ser aprobado por el Senado federal, establece la imposición de una junta de control fiscal compuesta por siete miembros elegidos por el presidente de EE.UU. para que supervisen el cumplimiento de los presupuestos y el control de gastos y ayuden a reestructurar la deuda.

La reunión, que estará abierta al público en general, se llevará a cabo el lunes desde las ocho de la mañana en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Comenzará con una exposición por parte de miembros del equipo fiscal del Gobierno. Además, habrá un panel con todos los candidatos a la Gobernación de cara a las elecciones del próximo noviembre.

Hasta el momento han confirmado su participación los presidentes del gobernante Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier; del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló; y del minoritario Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe. Igualmente estarán los candidatos independientes Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre.

La presidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago declinó participar en el foro por estar en cierre de la sesión legislativa.

En otro panel, economistas como Joaquín Villamil, Carlos Colón de Armas y Joseph Rosenblum orientarán a los bonistas acerca de los posibles recortes en los pagos del principal y los intereses de su deuda y el impacto económico que pueden tener.

Habrá además un panel de congresistas y miembros del Tesoro federal, y otro que ofrecerá el punto de vista de las cooperativas de ahorro y crédito.

Los Bonistas del Patio aseguran haber estado entre los más afectados por los tres impagos en los que hasta el momento ha incurrido el Gobierno de Puerto Rico.

El primero fue en agosto de 2015, correspondiente a bonos de la Corporación de Financiamiento Público. El segundo fue en enero de 2016 con bonos de la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

El tercero tuvo lugar al comienzo de mayo, cuando se dejó de pagar un vencimiento de 400 millones de dólares de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). De esa cantidad, cerca de la mitad pertenece a individuos puertorriqueños, según Bonistas del Patio.

Sin embargo, el más cuantioso previsiblemente será el del próximo 1 de julio, cuando vencerán bonos por valor de cerca de 2,000 millones de dólares, de los que unos 700 son obligaciones generales (conocidas en inglés como GO’s).

Ese tipo de bonos están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.

Por ello, el Gobierno de Alejandro García Padilla está haciendo todo lo posible para presionar al Senado de EE.UU. a que apruebe el proyecto ‘Promesa’ antes del 1 de julio.