Los acusados por timo y fraude Francisco Javier González Álvarez y Marcos Antonio Da Silva Castro, enfrentarán además una demanda civil a nivel federal presentada el pasado 23 de junio por la compañía Betteroads contra los dos hombres, las compañías Arevenca y Madasi Oil Corp., y contra Ana María González Márquez, Ricardo González Mayonica, Javier A. González Márquez, Manuel Márquez García, y sus aseguradoras, hasta ahora desconocidas.

En la acción judicial presentada ante la Corte de Distrito de San Juan se alega que los demandados cometieron fraude electrónico interestatal y en el extranjero utilizando como frente una empresa dedicada al refinamiento y venta de productos derivados del petróleo. Estas actuaciones representan una violación a la ley federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), conocida como RICO Act. Además se les imputa responsabilidad bajo el artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico por enriquecimiento injusto, mala fe durante las negociaciones, daños económicos y emocionales.

Los eventos que dan paso a la demanda surgen en junio de 2011 cuando el principal oficial ejecutivo de Madasi, Marcos Antonio Da Silva Castro, le hizo una representación a Arturo Díaz Márquez, presidente de Betteroads, que Madasi era representante exclusiva de la compañía Arevenca. Como contacto utilizaron al abogado Miguel Lausell, un antiguo amigo de la familia Díaz. Ese mes firmaron un acuerdo para vender el desarrollo de la empresa Coco Beach Project en Río Grande. Además, entablaron conversaciones para la compraventa de 100 mil barriles de asfalto a Arevenca, utilizando a Madasi como empresa intermediaria. Según Da Silva, el presidente de Arevenca, Francisco Javier González Álvarez, estaba interesado en adquirir el proyecto Coco Beach por lo que una relación comercial sería beneficiosa para todas las partes.

Según el relato de hechos de la demanda, una factura por $8.8 millones fue enviada por correo electrónico a Betteroads con la promesa de entrega del producto en 15 días luego de recibido el pago. Luego de varias negociaciones, el precio bajó a $7.8 millones, de los cuales en julio de 2011 Betteroads depositó $2 millones en una cuenta en Suiza perteneciente a Arevenca AKTM. Tras recibir comunicaciones asegurando la entrega del producto a finales de agosto, DíazDa Silva y González Álvarez, sostuvieron una reunión en Aruba de la cual los funcionarios de Betteroads comenzaron a sospechar que la experiencia de negocios de los hoy acusados no era tal y como les habían informado.

Al requerirles referencias de negocios, solo recibieron documentos en holandés que no se referían a la división de refinería de Arevenca. No obstante, confiando en Lausell y las expresiones de González Alvarez y Da Silva, los oficiales de Betteroads decidieron depositar en agosto de 2011 otros $5.8 millones.

A pesar que Arevenca y Madasi habían prometido la entrega del producto en agosto de 2011, al 28 de septiembre de ese año no había llegado embarque alguno para Betteroads según acordado, forzando a los demandantes a comprar cantidades menores de asfalto a otros suplidores a un costo mayor para poder seguir operando. Los demandantes descubrieron que el barco Ashley Sea, el cual era el que se había informado haría la entrega, no estaba equipado para ese tipo de carga. Tampoco el puerto de la Isla de Trinidad tenía las facilidades para el transporte de asfalto desde el 2001.

González Álvarez ha reiterado que necesita tiempo antes de acceder a los requerimientos de reembolso de los dineros de Betteroads. Según la demanda, tan reciente como la pasada semana la representación legal de González Álvarez en España ha prometido que devolverá el dinero tras permanecer el acusado bajo la custodia de Interpol Venezuela.

Los demandantes reclaman del tribunal federal les concedan partidas en daños en $705 millones contra los principales demandados y $34.5 millones contra los familiares de estos quienes se beneficiaron de los dineros, además de un embargo provisional de bienes por la cantidad de $165 millones, gastos, costas y honorarios de abogados.

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